La controversia involucra a Genera PR y New Fortress Energy, dos empresas vinculadas corporativamente. Las autoridades investigan las cantidades de combustible solicitadas, los pagos realizados y la posibilidad de recuperar parte del dinero.
San Juan, Puerto Rico — 9 de octubre de 2026
Una nueva controversia sobre el manejo de los fondos del sistema eléctrico de Puerto Rico ha salido a la luz luego de que documentos del Negociado de Energía identificaran aproximadamente $74.5 millones en pagos relacionados con cantidades de gas natural solicitadas que no fueron finalmente recibidas o utilizadas en las unidades 5 y 6 de la Central San Juan.
La cifra, correspondiente a excesos de nominación reportados desde enero de 2025, forma parte de una investigación regulatoria que busca determinar si las cantidades solicitadas estaban justificadas, si los pagos cumplieron con las disposiciones contractuales y si existen mecanismos para recuperar fondos o aplicar créditos a favor del sistema eléctrico.
Según la resolución del 4 de octubre de 2026, el monto identificado asciende específicamente a $74,536,737.05.
El caso adquiere mayor relevancia porque Genera PR, la compañía responsable de administrar las operaciones de generación y las solicitudes de combustible, mantiene vínculos corporativos con New Fortress Energy, empresa que participa en el suministro de gas natural a Puerto Rico.
Aunque las cifras están documentadas por el organismo regulador, todavía no existe una determinación final de responsabilidad o de cuánto dinero podría recuperarse.
¿Cómo se acumularon más de $74 millones?
Para entender la controversia es necesario conocer el funcionamiento de las llamadas nominaciones de gas natural.
Estas consisten en las cantidades de combustible que se solicitan anticipadamente para garantizar la operación de las plantas generatrices durante un periodo determinado.
En determinados contratos de suministro, las empresas compradoras pueden quedar obligadas a pagar por cantidades previamente comprometidas, aunque finalmente no sean utilizadas.
El problema surge cuando las cantidades solicitadas superan las necesidades reales de generación eléctrica.
En el caso de las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, el Negociado identificó pagos por combustible nominado que no fue finalmente recibido o utilizado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Esto no significa automáticamente que cada pago haya sido ilegal o que el dinero pueda recuperarse en su totalidad. Precisamente, la investigación busca establecer si las nominaciones fueron razonables, si correspondían a obligaciones contractuales válidas y qué créditos debieron aplicarse.
Junio y julio: $19.17 millones en pagos bajo examen
Uno de los hallazgos que más atención ha generado corresponde a junio y julio de 2026.
Durante esos dos meses se reportaron aproximadamente $19.17 millones en pagos relacionados con gas natural solicitado en exceso, según la información presentada en el proceso regulatorio.
Estos desembolsos forman parte de los $74.5 millones identificados y no constituyen una cantidad adicional.
El Negociado busca establecer por qué se solicitaron cantidades de combustible superiores a las utilizadas y si las decisiones operacionales que dieron origen a esos pagos fueron razonables.
Genera PR y New Fortress: una relación bajo escrutinio
Otro elemento central es la relación empresarial entre Genera PR y New Fortress Energy.
Genera administra las operaciones de generación eléctrica mediante un contrato con el Gobierno de Puerto Rico y participa en la planificación de las necesidades de combustible.
Por su parte, New Fortress Energy, a través de sus entidades afiliadas, participa como suplidor de gas natural para las instalaciones generatrices.
Esta relación plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés, particularmente cuando una empresa vinculada al suplidor interviene en las decisiones sobre cuánto combustible se debe solicitar.
La controversia tuvo un nuevo desarrollo el 8 de octubre, cuando el zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón Ortiz, retiró a Genera PR la responsabilidad de negociar la compra de gas de reemplazo para la Central San Juan.
La decisión respondió a preocupaciones sobre el conflicto de interés entre ambas empresas. Las negociaciones quedaron bajo la dirección de la Oficina de Compras de Terceros, conocida como 3PPO.
Sin embargo, la existencia de estos vínculos corporativos no demuestra por sí sola que se haya cometido una irregularidad en los pagos investigados.
La controversia total alcanza los $92.2 millones
La investigación no se limita a las nominaciones de gas natural.
El Negociado también identificó $17,649,888.46 en costos adicionales por el uso de combustibles sustitutos, particularmente durante junio, julio y agosto de 2026.
Estos gastos están relacionados con deficiencias en el suministro de gas natural que obligaron al sistema eléctrico a recurrir a combustibles alternativos más costosos.
El desglose de las cantidades bajo evaluación es el siguiente:
- $74.54 millones: pagos relacionados con gas natural solicitado en exceso.
- $17.65 millones: costos adicionales por combustible sustituto.
- $92.19 millones: total combinado de ambas partidas bajo evaluación.
Estas cantidades no representan una determinación definitiva de responsabilidad ni garantizan que todos los fondos sean recuperables.
Ante esta situación, el organismo regulador dispuso que los $17.6 millones adicionales no se trasladaran inmediatamente a los consumidores mientras se evalúan las obligaciones contractuales.
La determinación también contempla retener, compensar o descontar de los pagos al suplidor aquellas cantidades que legalmente corresponda, según los resultados de la investigación.
El Negociado exige facturas y comprobantes de pago
El 7 de octubre, el Negociado emitió una nueva resolución para ampliar la recopilación de documentos.
La orden requirió a la AEE y Genera PR presentar información sobre tres contratos de suministro de gas natural, incluyendo las nominaciones originales, las cantidades finalmente facturadas, los comprobantes de pago y los créditos o ajustes aplicados.
También solicitó identificar los saldos pendientes y cualquier diferencia entre el combustible solicitado, facturado y pagado.
La fecha límite establecida para la entrega de esa documentación fue el 8 de octubre de 2026, a las 5:00 p. m.
La información permitirá determinar si se aplicaron correctamente las disposiciones contractuales y si existen cantidades que deban devolverse o acreditarse a los consumidores.
La disputa por el suministro podría generar nuevos costos
Mientras continúa la auditoría, el sistema eléctrico enfrenta otra controversia relacionada con New Fortress Energy.
Desde el 16 de septiembre, las interrupciones en el suministro de gas natural han obligado a utilizar combustibles alternativos para mantener la generación eléctrica.
Según información divulgada por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, esta situación representa aproximadamente $1.25 millones diarios en costos adicionales.
La disputa entre las partes también ha provocado gestiones legales relacionadas con el acceso a las instalaciones de suministro y la posibilidad de adquirir gas natural de otras empresas.
New Fortress ha sostenido que necesita garantías de pago de balances pendientes, mientras que las autoridades gubernamentales buscan asegurar la continuidad del servicio sin comprometer los derechos del sistema eléctrico.
¿Quién terminará asumiendo los costos?
La interrogante principal es quién deberá responder por los millones de dólares identificados en las investigaciones.
El Negociado tendrá que determinar si las nominaciones fueron justificadas, si los pagos eran contractualmente exigibles y si existen créditos u otros mecanismos que permitan recuperar dinero.
También deberá examinar si las deficiencias en el suministro generaron costos que correspondan al suplidor y no a los clientes del sistema eléctrico.
Por ahora, no existe una determinación definitiva de que los $74.5 millones constituyan una pérdida irrecuperable ni de que Genera PR o New Fortress Energy hayan cometido una actuación ilegal.
No obstante, las cantidades identificadas y las investigaciones en curso vuelven a colocar bajo escrutinio la administración de los contratos de combustible en Puerto Rico.
El resultado de las auditorías será fundamental para establecer responsabilidades y determinar si parte de los desembolsos puede recuperarse en beneficio de los consumidores.
Fuentes: Negociado de Energía de Puerto Rico, resoluciones del 30 de septiembre, 4 de octubre y 7 de octubre de 2026, expediente NEPR-MI-2020-0001; Metro Puerto Rico, reportes del 30 de septiembre y del 8 y 9 de octubre de 2026; publicación informativa de Jay Fonseca del 9 de octubre de 2026.