El presidente estadounidense revierte la decisión del Pentágono tras recibir críticas de sectores políticos, militares y religiosos. La ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan continúa programada para el 3 de diciembre de 2026.
Washington, 15 de octubre de 2026. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la ejecución de Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército condenado por la masacre de Fort Hood en 2009, no será transmitida en vivo, revocando el controvertido plan presentado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
La decisión se produce después de varios días de cuestionamientos tanto de legisladores republicanos como demócratas, organizaciones religiosas, militares retirados y defensores de los derechos humanos.
Hasan, declarado culpable de asesinar a 13 personas y herir a otras 32 durante un tiroteo en una instalación militar de Texas, mantiene su sentencia de muerte mediante pelotón de fusilamiento.
La ejecución está programada para el 3 de diciembre de 2026 en Fort Hood, a las 3:00 p. m., hora de Puerto Rico.
Trump revierte la decisión del Pentágono
A través de su plataforma Truth Social, Trump reconoció que inicialmente consideraba la transmisión como una posible medida disuasoria contra futuros actos terroristas.
Sin embargo, explicó que numerosas personas habían manifestado su oposición a presenciar públicamente la muerte del condenado.
El mandatario confirmó que la ejecución seguirá adelante según lo programado, pero sin difusión audiovisual al público.
También señaló que los familiares directos de las víctimas tendrán la posibilidad de presenciar el procedimiento en persona, si así lo desean.
El anuncio representa un cambio frente a la propuesta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien había defendido la transmisión argumentando que permitiría mostrar las consecuencias de cometer ataques contra militares estadounidenses.
Una propuesta que provocó rechazo político y religioso
La iniciativa del Pentágono generó una controversia nacional sobre los límites de la exposición pública de las ejecuciones y el papel del Gobierno en la difusión de imágenes de violencia.
Entre las figuras que expresaron reservas estuvo el vicepresidente JD Vance, quien manifestó que no tenía intención de observar la ejecución mediante una transmisión.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también expresó preocupaciones sobre la propuesta.
Uno de los principales argumentos de los críticos era que las imágenes podrían ser utilizadas por organizaciones extremistas como material propagandístico o para fomentar procesos de radicalización.
Diversos representantes religiosos cuestionaron la iniciativa. El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, condenó la posibilidad de transmitir una ejecución pública y pidió reconsiderar la decisión.
La controversia también reabrió el debate sobre la pena capital y las obligaciones éticas de las instituciones militares.
El 80 % de los estadounidenses rechazaba la transmisión
Una encuesta realizada por ABC News, The Washington Post e Ipsos, publicada el 15 de octubre, reveló que el 80 % de los estadounidenses se oponía a transmitir la ejecución por internet.
La oposición se extendía a distintos sectores políticos:
- El 91 % de los demócratas rechazaba la transmisión.
- El 83 % de los independientes se oponía.
- El 64 % de los republicanos también estaba en contra.
Aunque aproximadamente la mitad de los encuestados apoyaba la ejecución por fusilamiento, existía una diferencia considerable entre respaldar la aplicación de la sentencia y permitir que el público presenciara el procedimiento en directo.
La investigación contó con la participación de 2,545 adultos estadounidenses y se realizó entre el 9 y el 13 de octubre.
La masacre de Fort Hood: 13 muertos y 32 heridos
El caso se remonta al 5 de noviembre de 2009, cuando Nidal Malik Hasan, entonces mayor y psiquiatra del Ejército estadounidense, abrió fuego dentro de una instalación médica de Fort Hood, Texas.
En el lugar se encontraban numerosos militares que realizaban trámites médicos y administrativos antes de ser enviados a misiones en el extranjero.
Hasan utilizó una pistola para disparar contra las personas presentes, provocando la muerte de 13 y heridas a otras 32.
El ataque terminó cuando agentes de seguridad respondieron a los disparos. Hasan resultó gravemente herido y quedó paralizado de la cintura hacia abajo.
Durante el proceso judicial, el acusado vinculó sus acciones con su oposición al despliegue de soldados estadounidenses en Afganistán.
En agosto de 2013, un tribunal militar lo declaró culpable y posteriormente le impuso la pena de muerte.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense.
Una ejecución sin precedentes en más de seis décadas
La ejecución de Hasan tendría una importancia histórica dentro del sistema de justicia militar estadounidense.
El Ejército de Estados Unidos no ejecuta a un prisionero condenado desde 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado en Fort Leavenworth, Kansas.
Por su parte, el uso del pelotón de fusilamiento en ejecuciones militares estadounidenses no se registra desde la Segunda Guerra Mundial.
Según un comunicado oficial del Ejército publicado el 7 de octubre de 2026, el presidente Trump aprobó la sentencia de muerte el 2 de octubre, después de completarse el proceso ordinario de apelaciones.
Posteriormente, el secretario interino del Ejército, Adam Telle, ordenó la ejecución para el 3 de diciembre.
La Corte Suprema de Estados Unidos había rechazado en marzo de 2025 una solicitud de revisión presentada por Hasan.
Sin embargo, especialistas en derecho militar han advertido que todavía podrían presentarse recursos judiciales adicionales capaces de retrasar la ejecución.
El debate sobre la pena de muerte continúa
Aunque Trump decidió cancelar la transmisión pública, la ejecución por fusilamiento sigue generando cuestionamientos sobre los métodos utilizados para aplicar la pena capital.
Para sus defensores, el cumplimiento de la sentencia representa una respuesta judicial a uno de los ataques más graves cometidos contra integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Por otro lado, organizaciones contrarias a la pena de muerte y sectores religiosos cuestionan tanto la aplicación de este castigo como la utilización de ejecuciones para enviar mensajes políticos.
La decisión presidencial elimina, por ahora, la posibilidad de una transmisión pública, pero no modifica la sentencia impuesta por la justicia militar.
De no surgir una suspensión judicial, Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre en la misma instalación militar donde cometió la masacre hace 17 años.
Fuentes: Ejército de Estados Unidos, Associated Press, Reuters, ABC News, The Washington Post e Ipsos.
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