Las autoridades federales examinan documentos migratorios de la congresista demócrata y su familia. La investigación incluye posibles declaraciones falsas y se produce semanas antes de las elecciones legislativas estadounidenses.
La congresista demócrata Ilhan Omar enfrenta una investigación federal sobre su historial migratorio que podría desembocar en un intento de revocar su ciudadanía estadounidense.
La investigación, desarrollada por agencias federales bajo la administración del presidente Donald Trump, examina documentos relacionados con la llegada de Omar y su familia a Estados Unidos durante la década de 1990.
Según información publicada por Reuters y The Wall Street Journal, los investigadores buscan determinar si se proporcionó información incorrecta o deliberadamente falsa durante los procesos migratorios y de adquisición de ciudadanía.
Hasta el momento, no se ha demostrado públicamente que Omar haya cometido fraude migratorio ni se ha informado de una decisión judicial que invalide su ciudadanía.
Registro federal en la residencia de la congresista
La investigación adquirió mayor notoriedad el lunes 12 de octubre, cuando agentes federales ejecutaron una orden judicial de registro en la residencia de Omar en Washington, D. C.
Durante el operativo, los investigadores incautaron documentos y dispositivos electrónicos, incluido su teléfono celular.
La operación fue realizada en el marco de una investigación que contempla posibles delitos de conspiración, declaraciones falsas en documentación migratoria y fraude de inmigración.
Según Reuters, fiscales federales también han emitido más de una docena de citaciones relacionadas con el caso, algunas dirigidas a familiares de la congresista.
Parte de la investigación involucra a un gran jurado en Minnesota.
¿Qué irregularidades están investigando?
Uno de los asuntos centrales es la información utilizada por Omar y su fallecido padre durante el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense.
Omar nació en Somalia y llegó a Estados Unidos en 1995, cuando tenía aproximadamente 12 años, después de que su familia abandonara el país durante la guerra civil y pasara por un campamento de refugiados en Kenia.
La congresista adquirió la ciudadanía estadounidense en el año 2000.
Los investigadores examinan si existieron inconsistencias en su fecha de nacimiento y si su edad fue representada incorrectamente en documentos oficiales.
La investigación busca establecer si ese dato influyó en su elegibilidad para adquirir ciudadanía mediante la naturalización de su padre.
También se están revisando aspectos del historial migratorio familiar, incluido el pasado militar de su padre en Somalia.
Es importante señalar que estas son hipótesis examinadas por las autoridades, no hechos delictivos demostrados.
Una revisión anterior no encontró pruebas suficientes
Una investigación publicada este jueves por The Washington Post añadió un elemento importante al caso.
Según tres exfuncionarios migratorios consultados por el periódico, durante la primera administración Trump, en 2019, ya se habían revisado antecedentes migratorios de Omar.
Aquella revisión examinó cuestiones relacionadas con su edad, la documentación familiar y otras acusaciones que circulaban públicamente.
Los funcionarios concluyeron que no existían pruebas suficientes para justificar una investigación formal por fraude y la revisión fue abandonada.
Este antecedente plantea interrogantes sobre qué información nueva, si alguna, ha obtenido el gobierno para justificar las medidas actuales.
Omar denuncia persecución política
La congresista ha rechazado las acusaciones y sostiene que la investigación responde a una campaña de intimidación política.
Su oficina considera que el gobierno está utilizando organismos federales para perseguir a una adversaria del presidente.
Trump, por su parte, ha negado haber intervenido personalmente en el registro de la residencia y ha señalado que el asunto corresponde al Departamento de Justicia.
La controversia también se produce en un momento electoral delicado.
Omar busca conservar su escaño por Minnesota en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, cuando se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado.
El momento escogido para las diligencias ha generado cuestionamientos sobre las prácticas del Departamento de Justicia respecto a investigaciones políticamente sensibles durante períodos electorales.
¿Puede el gobierno quitarle la ciudadanía?
La revocación de ciudadanía, conocida jurídicamente como desnacionalización, es un procedimiento extraordinario.
Para retirar una ciudadanía obtenida mediante naturalización, el gobierno normalmente debe demostrar ante un tribunal que fue adquirida ilegalmente o mediante ocultación o tergiversación deliberada de hechos importantes.
La existencia de una investigación no significa que la persona investigada pierda automáticamente sus derechos como ciudadana.
Tampoco permite ordenar una deportación sin los procedimientos legales correspondientes.
Expertos citados por medios estadounidenses han señalado que una actuación de este tipo probablemente daría lugar a una prolongada controversia judicial.
Un caso con implicaciones constitucionales
La situación también plantea interrogantes sobre las protecciones constitucionales de los integrantes del Congreso.
El juez federal que autorizó el registro estableció procedimientos destinados a proteger materiales relacionados con las funciones legislativas de Omar.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia mantiene abierta la investigación y no ha divulgado públicamente la totalidad de las pruebas utilizadas para justificarla.
El futuro del caso dependerá de si los investigadores consiguen evidencia nueva y suficiente para sustentar formalmente sus acusaciones ante los tribunales.
Fuentes: Reuters, The Washington Post y The Wall Street Journal, 15 de octubre de 2026.