Una nueva revelación sobre las negociaciones de generación temporal coloca nuevamente bajo escrutinio las decisiones del gobierno y el proceso que culminó con el fallido contrato multimillonario de Power Expectations.
Una grabación relacionada con el proceso de contratación de generación eléctrica temporal revela que la gobernadora Jenniffer González Colón impulsó que se aceleraran las gestiones para seleccionar a varios proponentes y garantizar la disponibilidad de energía adicional para Puerto Rico.
La información, divulgada por El Nuevo Día, corresponde a conversaciones sostenidas en agosto de 2025, mientras se desarrollaba una segunda evaluación de las propuestas para contratar hasta 800 megavatios (MW) de capacidad adicional de generación.
Según el reportaje, la mandataria favorecía distribuir los proyectos entre varios licitadores, mientras los funcionarios encargados del procedimiento procuraban acelerar la contratación y ejecución de al menos uno de ellos.
La gobernadora también habría manifestado su malestar ante la percepción de irregularidades que comenzaba a rodear el proceso de contratación.
La revelación adquiere importancia porque las decisiones tomadas durante aquella etapa precedieron a la adjudicación del contrato de Power Expectations, un acuerdo que posteriormente fue cancelado en medio de cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia.
¿Qué buscaba el gobierno con estos contratos?
La administración de González había identificado la necesidad de incorporar unos 800 MW de generación temporal para reforzar el sistema eléctrico de Puerto Rico.
El objetivo era disponer de capacidad adicional que permitiera atender la demanda energética y reducir el riesgo de insuficiencia de generación durante períodos críticos.
Originalmente, el procedimiento contemplaba seleccionar un proveedor para suministrar la totalidad de esa capacidad. Sin embargo, posteriormente se optó por distribuir los proyectos entre tres empresas.
Las compañías consideradas fueron Power Expectations, Gothams Energy y Javelin Global Commodities.
Como parte de esa redistribución, Power Expectations recibió un contrato para desarrollar 400 MW, mientras que la capacidad restante se distribuiría entre los otros dos participantes.
La grabación ahora divulgada sitúa a la gobernadora favoreciendo la selección de múltiples proponentes durante la etapa de evaluación, aunque esto no establece, por sí solo, que haya ordenado una adjudicación irregular.
El contrato de casi $5,900 millones que terminó cancelado
La controversia adquirió mayores dimensiones cuando surgieron cuestionamientos sobre el contrato otorgado al consorcio encabezado por Power Expectations.
El acuerdo, valorado en aproximadamente $5,887 millones durante un período de diez años, contemplaba incorporar 400 MW de generación temporal al sistema eléctrico.
El proyecto enfrentó señalamientos relacionados con la participación de Enchanted Rock, empresa cuyo respaldo había sido considerado importante para la viabilidad financiera del contrato.
La matriz de Enchanted Rock alegó que no había autorizado la firma del acuerdo en su nombre. También surgieron interrogantes sobre el conocimiento que tenían las agencias gubernamentales acerca de esa situación.
Ante las controversias, la Junta de Supervisión Fiscal retiró su aprobación al contrato el 14 de agosto de 2026.
Cuatro días después, el 18 de agosto, la Autoridad de Energía Eléctrica canceló el acuerdo, también señalando el incumplimiento de requisitos relacionados con la fianza del proyecto.
Josué Colón bajo investigación legislativa
La controversia también ha colocado bajo escrutinio al zar de Energía, Josué Colón Ortiz, quien dirige la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.
La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por Víctor Parés Otero, ha investigado las actuaciones de funcionarios involucrados en la contratación.
Durante las vistas públicas surgieron diferencias entre el testimonio ofrecido por Colón y comunicaciones gubernamentales que posteriormente fueron examinadas por los legisladores.
Parés ha planteado que esas contradicciones podrían justificar un referido a las autoridades por posible perjurio.
No obstante, la existencia de señalamientos o posibles referidos no constituye una determinación de culpabilidad. Correspondería a las autoridades competentes investigar y determinar si se cometió alguna violación de ley.
La comisión legislativa también ha anunciado que buscará examinar la intervención de abogados y funcionarios que participaron en distintas etapas de la negociación.
Aumentan los reclamos de transparencia
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, solicitó el 7 de octubre información adicional relacionada con la investigación interna que se realizó sobre las alegaciones de una firma no autorizada.
Hernández identificó diferencias entre documentos que describían la revisión como exhaustiva y otras comunicaciones que sugerían que su alcance había sido más limitado.
Por esa razón, solicitó al zar de Energía y al presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones, Osvaldo Carlo Linares, aclaraciones sobre las gestiones realizadas, las decisiones tomadas y la información disponible para las agencias.
Ambos funcionarios tienen hasta el 15 de octubre para entregar la documentación solicitada.
Mientras tanto, la Junta de Supervisión Fiscal ha confirmado que mantiene comunicaciones con funcionarios federales relacionadas con las presuntas irregularidades del contrato.
¿Qué cambia con esta nueva grabación?
La revelación añade un elemento importante a la controversia: permite conocer con mayor claridad la postura que habría expresado la gobernadora durante una fase decisiva del procedimiento de contratación.
Hasta ahora, buena parte del debate público se había concentrado en las actuaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Oficina Independiente de Adquisiciones.
La nueva información plantea interrogantes adicionales sobre el nivel de conocimiento de la mandataria, las directrices impartidas y las comunicaciones entre el Ejecutivo y los funcionarios responsables de evaluar las propuestas.
Sin embargo, es necesario distinguir entre la intención de acelerar la instalación de generación adicional y cualquier posible irregularidad en la adjudicación de contratos.
La grabación, por sí sola, no demuestra que la gobernadora haya participado en actos ilegales ni que conociera las presuntas irregularidades que surgieron posteriormente.
Una controversia que continúa abierta
El fallido proyecto de Power Expectations no solamente representa un problema administrativo o contractual. También refleja las dificultades que enfrenta Puerto Rico para añadir capacidad de generación al sistema eléctrico.
La necesidad que originalmente motivó la licitación sigue vigente, mientras las autoridades intentan encontrar alternativas que permitan reforzar el suministro energético.
Las investigaciones legislativas, los requerimientos de información y las conversaciones con autoridades federales mantienen abierto el caso.
La controversia podría continuar desarrollándose a medida que se divulguen nuevas comunicaciones, testimonios y documentos relacionados con el proceso.
La interrogante principal sigue siendo hasta qué punto las decisiones adoptadas para acelerar la contratación respetaron los procedimientos establecidos y qué funcionarios deberán responder por las posibles irregularidades.
Fuentes: El Nuevo Día, reportajes de Manuel Guillama Capella y Efraín Montalbán Ríos; Metro Puerto Rico/CyberNews, 7 de octubre de 2026; TeleOnce, 2 de octubre de 2026; Senado de Puerto Rico, 18 de agosto de 2026.