La empresa y su presidente, Christian Torres Santana, alegan daños a su reputación tras haber sido incluidos en un proceso de evaluación para un contrato de $38.7 millones que aseguran nunca solicitaron. El nuevo pleito se suma a las investigaciones sobre las contrataciones del Departamento de la Familia.
San Juan, Puerto Rico — 23 de octubre de 2026. La controversia por el fallido contrato millonario que el Departamento de la Familia pretendía establecer con NOLA Education sumó un nuevo capítulo judicial. La empresa Coccoloba AgroEnvironmental LLC y su presidente, el agrónomo Christian W. Torres Santana, presentaron una demanda contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, tanto en su carácter personal como oficial, según información divulgada este viernes por Bonita Radio y reproducida por Jay Fonseca.
La acción legal también incluye a LAP Consulting Group, la firma contratada para evaluar las propuestas del proceso competitivo, así como a su propietario, Luis A. Pedraza González, los evaluadores Ramón Rodríguez Montalbán y Misael E. Pérez Marrero, y el Gobierno de Puerto Rico.
Los demandantes reclaman daños y perjuicios por alegada difamación, libelo y calumnia, así como por supuestas violaciones a sus derechos constitucionales relacionados con la honra y la reputación.
El pleito surge después de que Coccoloba denunciara públicamente que había sido incorporada como participante de un proceso competitivo para un contrato financiado con fondos federales, pese a haber comunicado que no tenía interés en presentar una propuesta.
Una empresa que asegura nunca haber competido
El origen de la controversia se remonta al 30 de diciembre de 2025, cuando Coccoloba recibió una invitación del Departamento de la Familia para participar en un proceso competitivo destinado a establecer servicios educativos para estudiantes con rezago académico.
La iniciativa contemplaba una inversión aproximada de $38.7 millones procedentes del programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), cuyos fondos son administrados en Puerto Rico por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).
Coccoloba, especializada en consultoría ambiental, manejo de árboles, conservación de recursos naturales y reforestación, sostiene que el proyecto no correspondía a los servicios que ofrecía.
Por esa razón, el 8 de enero de 2026, Torres Santana respondió mediante correo electrónico dirigido a Suzanne Roig para informar que la empresa no participaría.
Según la versión de la compañía, la comunicación incluía un folleto y un perfil corporativo con información general sobre sus servicios. El propósito de esos documentos era mantener abierta la posibilidad de colaborar con el Departamento de la Familia en proyectos futuros relacionados con sus áreas de especialización.
La empresa insiste en que esa respuesta nunca constituyó una cotización, una propuesta económica ni una autorización para competir por los fondos federales.
Sin embargo, su nombre terminó incluido en la evaluación oficial realizada por LAP Consulting Group.
Una puntuación de 24.7 sin haber presentado propuesta
El proceso de evaluación contempló tres entidades: NOLA Education, Litoral Vivo Corp. y Coccoloba AgroEnvironmental.
De acuerdo con las puntuaciones divulgadas durante la controversia, NOLA Education obtuvo 95.7 puntos, Litoral Vivo recibió 55.3 y Coccoloba alcanzó 24.7 sobre un máximo de 100.
La evaluación tomó en consideración aspectos como la experiencia de las organizaciones, capacidad financiera, personal disponible, credenciales técnicas, diseño del programa y cumplimiento con los requisitos de los fondos TANF.
Para Coccoloba, el problema no consiste únicamente en haber recibido una calificación baja, sino en que se le evaluó como participante de una competencia en la que asegura nunca haber entrado.
La situación provocó cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados por LAP Consulting y sobre la documentación empleada para determinar las puntuaciones.
También generó dudas acerca de cómo se evaluaron compañías dedicadas principalmente a servicios ambientales para un proyecto cuyo objetivo era atender las deficiencias académicas de estudiantes de escuelas públicas.
El enfrentamiento público con Suzanne Roig
Durante una vista pública celebrada el 7 de octubre ante el Senado de Puerto Rico, Suzanne Roig defendió el proceso de contratación y explicó que las empresas evaluadas habían enviado documentación relacionada con sus servicios.
Posteriormente, la secretaria reconoció que Coccoloba había remitido información sobre sus operaciones, aunque no necesariamente una propuesta formal.
Roig defendió la decisión de considerar los documentos recibidos, argumentando que los responsables de la evaluación entendieron pertinente examinarlos.
En declaraciones a Metro Puerto Rico el 9 de octubre, la funcionaria cuestionó las razones por las cuales Coccoloba había decidido denunciar públicamente su inclusión en el proceso.
La compañía interpretó las expresiones de la secretaria como perjudiciales para su imagen comercial y la reputación profesional de Torres Santana.
Su representación legal, encabezada por la licenciada Nadja Cardona Portalatín, rechazó que responder una invitación administrativa equivaliera a participar en un proceso de contratación.
La disputa escaló cuando la empresa reclamó al Departamento de la Familia que presentara evidencia de la supuesta propuesta atribuida a Coccoloba.
Documentos solicitados y controversia sobre el expediente
El 8 de octubre, Coccoloba exigió formalmente que la agencia entregara una copia íntegra de cualquier propuesta o cotización que hubiese sido presentada a nombre de la empresa.
La petición incluía los documentos originales, archivos adjuntos, correos electrónicos, evidencia de envío y recepción, hojas de evaluación y comunicaciones relacionadas con la decisión de incorporar a Coccoloba como participante.
La compañía también solicitó identificar quién remitió la documentación a los evaluadores y bajo qué fundamento fue considerada una propuesta.
El Departamento de la Familia solicitó tiempo adicional para responder al requerimiento. El 15 de octubre, Cardona Portalatín confirmó públicamente que había concedido la extensión solicitada.
Paralelamente, el Senado requirió el expediente completo del proceso de contratación. A la secretaria se le concedió inicialmente hasta el 15 de octubre para entregar la documentación y posteriormente se autorizó una extensión hasta el 30 de octubre.
No obstante, el 22 de octubre, el Senado aprobó por unanimidad un requerimiento adicional para que la funcionaria contestara en 48 horas determinadas solicitudes de información del senador Juan Óscar Morales.
Entre los documentos reclamados figuran información contractual, evaluaciones, comunicaciones internas y detalles sobre los integrantes de LAP Consulting.
Investigaciones locales y federales
La controversia sobre Coccoloba forma parte de una investigación más amplia relacionada con el proceso que culminó con la selección de NOLA Education para implementar el programa Star Academy.
El 7 de octubre, la exadministradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz, declaró bajo juramento ante el Senado que recibió presiones de Suzanne Roig para firmar el contrato.
Medina Díaz, destituida de su posición a finales de septiembre, cuestionó tanto los procedimientos administrativos utilizados como la elegibilidad de algunos componentes del programa para recibir fondos TANF.
La secretaria ha rechazado los señalamientos de irregularidades y ha sostenido que el uso de esos fondos para servicios educativos podía ser permitido bajo las disposiciones federales.
También ha destacado que el contrato nunca llegó a firmarse ni se desembolsaron los millones de dólares contemplados para el proyecto. Aunque la selección de NOLA Education fue anunciada en enero, la adjudicación fue cancelada en mayo.
El caso es objeto de una investigación preliminar del Departamento de Justicia de Puerto Rico, mientras que la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS-OIG) ha recibido testimonios vinculados con el proceso.
El pasado 19 de octubre, Christian Torres Santana compareció ante investigadores federales acompañado de su representación legal, respondió preguntas y entregó documentación sobre las comunicaciones con el Departamento de la Familia.
Luis A. Pedraza González, presidente de LAP Consulting, también acudió ante las autoridades federales.
Estas comparecencias no constituyen, por sí mismas, determinaciones de responsabilidad ni implican que las personas entrevistadas hayan cometido algún delito.
Otra demanda contra la secretaria de la Familia
La acción presentada por Coccoloba se produce pocos días después de conocerse otra demanda civil contra Roig Fuertes.
En ese caso, Blanca García Sostre, exdirectora regional del Departamento de la Familia en Arecibo, reclamó $1.35 millones por alegados actos de hostigamiento laboral, represalias, discrimen y daños a su reputación profesional.
García Sostre sostiene que experimentó un patrón de maltrato y acciones dirigidas a menoscabar sus funciones dentro de la agencia.
Roig ha respondido que las situaciones denunciadas por la exfuncionaria ya habían sido examinadas mediante los procedimientos administrativos internos.
Aunque ambos pleitos involucran a la secretaria, responden a controversias diferentes: uno está relacionado con el ambiente laboral dentro del Departamento de la Familia y el otro con la inclusión de una empresa en un proceso de contratación gubernamental.
Las implicaciones del nuevo pleito
La demanda de Coccoloba introduce una controversia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y los contratistas privados cuando se utiliza información empresarial dentro de procesos competitivos gubernamentales.
Entre los aspectos centrales que podrían examinarse judicialmente figuran la naturaleza de la documentación enviada por la empresa, las actuaciones de los evaluadores y si existió algún perjuicio comprobable a su reputación o actividad económica.
La controversia también pone bajo escrutinio los mecanismos de transparencia y supervisión de los procesos financiados con fondos federales.
Para Coccoloba, el argumento principal es que su participación fue atribuida públicamente sin que hubiese presentado una propuesta formal, situación que sostiene que terminó afectando su imagen ante clientes, colaboradores y el público.
Por su parte, Roig ha defendido la legalidad del proceso administrativo y la decisión de evaluar la documentación recibida.
Hasta el momento, las reclamaciones constituyen alegaciones que deberán ser examinadas conforme avance el proceso judicial. La presentación de una demanda no establece responsabilidad civil ni demuestra por sí sola que ocurrieron las actuaciones denunciadas.
El caso continúa desarrollándose mientras el Senado, el Departamento de Justicia y las autoridades federales examinan distintos aspectos de las contrataciones del Departamento de la Familia.
La controversia mantiene abierta una pregunta fundamental sobre el manejo del proceso competitivo: cómo una empresa que comunicó que no participaría terminó formando parte de una evaluación utilizada para seleccionar al proveedor de un proyecto multimillonario financiado con fondos públicos.