Una nueva publicación del comunicador Rafael Lenin López expone documentos relacionados con un viaje oficial de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, a San Diego, California, para participar en una conferencia sobre servicios dirigidos a adultos mayores. La divulgación ocurre mientras la funcionaria enfrenta investigaciones y cuestionamientos legislativos por otros asuntos administrativos y contractuales.
La documentación compartida este jueves, 22 de octubre, incluye una solicitud de autorización de viaje, una certificación de disponibilidad de fondos y detalles de un itinerario aéreo. Los documentos reflejan partidas presupuestarias que suman $11,293.86, aunque no establecen por sí solos que esa cantidad haya sido desembolsada en su totalidad.
El viaje, realizado durante julio de 2026, ya había sido divulgado por medios de comunicación durante ese mes. Sin embargo, la publicación de Rafael Lenin vuelve a colocar sus costos y justificaciones bajo escrutinio público.
¿Qué revelan los documentos?
El primer documento, fechado el 19 de febrero de 2026, contiene una solicitud dirigida al entonces secretario de la Gobernación, Francisco J. Domenech, para autorizar el desplazamiento de una delegación oficial encabezada por Roig Fuertes.
La solicitud establece que la funcionaria viajaría junto a dos ayudantes a San Diego para participar en el evento USAging Answers on Aging Annual Conference and Tradeshow, dedicado a políticas públicas, programas y servicios para la población de edad avanzada.
Según la comunicación oficial, la delegación debía salir de Puerto Rico el 16 de julio y regresar el 22 de julio de 2026.
El Departamento de la Familia justificó la participación señalando que la conferencia permitiría conocer modelos de atención, establecer contactos con organizaciones especializadas e identificar oportunidades de financiamiento federal.
La carta también defendía la presencia del personal de apoyo, argumentando que su participación facilitaría el seguimiento técnico y administrativo de los asuntos discutidos.
Certificación presupuestaria refleja más de $11,000
Uno de los documentos más relevantes es una certificación de disponibilidad de fondos emitida el 9 de junio de 2026 por la Oficina de Presupuesto del Departamento de la Familia.
La comunicación, dirigida a Olga Colón Padilla, directora de Servicios Auxiliares, hace referencia a una modificación de una orden de compra debido a cambios en los costos de pasajes y estadía.
En el documento aparecen dos partidas:
- $2,010.00, luego de un ajuste que redujo una cantidad inicial de $2,898.
- $9,283.86, resultado de sumar $640.11 a una cantidad anterior de $8,643.75.
Ambas cifras totalizan $11,293.86.
La certificación establece que la agencia contaba con disponibilidad presupuestaria para cubrir la transacción y que no proyectaba un sobregiro como consecuencia de esta.
Sin embargo, existe una diferencia con la información publicada el 15 de julio, cuando una orden de compra fue reseñada con un costo de $11,101.55, distribuido entre $2,010 para boletos aéreos y $9,091.55 para hospedaje.
La diferencia entre ambas cantidades es de $192.31. Los documentos disponibles no permiten determinar si corresponde a un ajuste posterior, a partidas distintas o al costo definitivo de la operación.
Por esa razón, no es posible establecer el gasto final exclusivamente a partir de las certificaciones presupuestarias.
Siete días de viaje para una conferencia de cuatro días
La conferencia de USAging se celebró oficialmente del 18 al 21 de julio de 2026 en el Marriott Marquis San Diego Marina.
El programa también contemplaba actividades preliminares el 17 de julio.
El itinerario solicitado por el Departamento de la Familia cubría del 16 al 22 de julio, un periodo de siete días calendario si se incluyen la fecha de salida y la de regreso.
Otra de las imágenes difundidas por Rafael Lenin muestra información de un itinerario de regreso mediante United Airlines, desde San Diego hacia San Juan, con escala en Washington Dulles.
El documento presenta una tarifa de $966 por persona. No obstante, la imagen no demuestra que esa fuera la tarifa finalmente pagada por todos los integrantes de la delegación.
La extensión de la estadía, los costos asociados y la cantidad de funcionarios participantes forman parte de los asuntos que pueden evaluarse para determinar si el gasto fue proporcional a los objetivos del viaje.
¿Quiénes acompañaron a Suzanne Roig?
La información publicada durante julio identificó a los acompañantes como Linnette Martínez Ruiz y Brian E. Torres Figueroa, ambos descritos como ayudantes especiales.
La presencia de Martínez Ruiz generó cuestionamientos adicionales debido a su vínculo familiar con Manolo Torres, ejecutivo de la firma Politank.
En aquel momento, Roig confirmó que Martínez Ruiz trabajaba en destaque en su oficina desde 2025 y defendió su participación en el viaje.
Según explicó, entre sus responsabilidades figuraban identificar proyectos y programas desarrollados en otras jurisdicciones, explorar oportunidades de financiamiento y coordinar reuniones institucionales.
La secretaria sostuvo que estas funciones justificaban su presencia en la delegación.
La existencia de esos vínculos personales, por sí sola, no demuestra una irregularidad en el viaje.
La controversia ocurre en medio de investigaciones sobre contrataciones
La nueva publicación surge mientras la secretaria enfrenta un escenario complicado por investigaciones legislativas y señalamientos relacionados con contrataciones gubernamentales.
El 20 de octubre, el Departamento de Justicia confirmó el inicio de una investigación preliminar sobre denuncias de presuntas presiones indebidas vinculadas a procesos de contratación en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).
La pesquisa responde a un referido del Senado derivado de las alegaciones de la exadministradora Blanca Medina Díaz.
Roig ha rechazado los señalamientos de presiones indebidas.
Por otra parte, el senador Juan Óscar Morales ha solicitado información sobre viajes de la secretaria a otras jurisdicciones, entre ellos visitas a Luisiana y España.
Uno de los asuntos examinados es un contrato de $355,646.50 otorgado a SAMU Foundation Corp. después de gestiones institucionales relacionadas con un viaje a España.
El legislador también informó el 21 de octubre que se examinaba un tercer viaje, aunque no identificó públicamente su destino.
Hasta el momento, no se ha establecido que el viaje a San Diego sea ese tercer desplazamiento bajo examen legislativo ni que esté directamente relacionado con las presuntas irregularidades contractuales.
Asimismo, una de las páginas compartidas por Rafael Lenin corresponde a una solicitud legislativa de información sobre los funcionarios encargados de redactar solicitudes de propuestas e invitar participantes a subastas. Ese fragmento no demuestra por sí solo una conexión entre los procedimientos de contratación y la conferencia en California.
¿Qué información falta por aclarar?
Aunque los documentos permiten identificar el propósito declarado del viaje y cantidades presupuestadas, todavía existen asuntos que requieren documentación adicional.
Entre ellos se encuentran el costo final pagado por cada funcionario, las facturas correspondientes al hospedaje y transporte, las inscripciones a la conferencia y cualquier dieta o reembolso autorizado.
También sería pertinente conocer los informes de participación, las reuniones celebradas y los proyectos o iniciativas que pudieron surgir como resultado del encuentro.
Estos elementos permitirían evaluar con mayor precisión el beneficio institucional de la inversión.
Un nuevo capítulo en los cuestionamientos a Familia
La asistencia a conferencias profesionales forma parte de las herramientas de capacitación e intercambio utilizadas por agencias gubernamentales. La participación en estos eventos no constituye, por sí misma, una irregularidad administrativa.
No obstante, cuando los desplazamientos son financiados con fondos públicos, corresponde a las agencias justificar sus costos, la selección de los participantes y los resultados obtenidos.
En este caso, la documentación divulgada por Rafael Lenin permite examinar una gestión administrativa iniciada en febrero de 2026, con autorizaciones presupuestarias posteriores y un viaje programado para julio.
La controversia se produce en un contexto de mayor fiscalización sobre las decisiones de la secretaria del Departamento de la Familia.
La interrogante principal continúa siendo si los recursos destinados a la delegación produjeron beneficios concretos para los programas de atención a adultos mayores en Puerto Rico.
Los documentos examinados no prueban por sí solos uso indebido de fondos públicos. La evaluación definitiva requeriría conocer los pagos realizados, la documentación justificativa y los resultados institucionales del viaje.
Información basada en los documentos divulgados por Rafael Lenin López, reportes periodísticos de julio y octubre de 2026 e información oficial de USAging.