Dos proyectos legislativos buscan restringir la difusión de imágenes y audios de procedimientos criminales antes del juicio. Sus defensores plantean proteger la presunción de inocencia, mientras organizaciones periodísticas advierten sobre posibles limitaciones al acceso público a la justicia.
La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el jueves, 15 de octubre, dos proyectos de ley que establecerían nuevas restricciones a la transmisión y difusión audiovisual de determinadas vistas judiciales.
Las propuestas, identificadas como Proyecto de la Cámara 1211 y Proyecto de la Cámara 1447, pasarán al Senado para continuar su evaluación legislativa.
Ambas medidas buscan limitar la exposición pública de actuaciones judiciales que ocurren antes de que comience formalmente un juicio criminal o de que se determine la admisibilidad de ciertas pruebas.
¿Qué prohibirían los proyectos?
El Proyecto de la Cámara 1211, presentado por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, pretende restringir la transmisión en vivo y la difusión audiovisual de las vistas de causa probable para arresto, conocidas como vistas de Regla 6, y las vistas preliminares.
Durante su consideración se incorporaron modificaciones para ampliar las restricciones sobre publicaciones de grabaciones de audio e imágenes correspondientes a esos procedimientos.
Por su parte, el Proyecto de la Cámara 1447, impulsado por el representante José “Che” Pérez Cordero, establecería restricciones a la cobertura electrónica de vistas relacionadas con la admisibilidad de evidencia.
Esta segunda medida también pretende impedir que material audiovisual de esas vistas sea reproducido o difundido posteriormente.
La presunción de inocencia como argumento
Los legisladores que defienden las propuestas sostienen que la exposición pública de evidencia y testimonios durante las etapas preliminares puede influir en la percepción de posibles integrantes de un jurado.
Pérez Cordero, presidente de la Comisión de lo Jurídico, argumentó durante el debate que el derecho a la libertad de prensa debe coexistir con las garantías constitucionales de un juicio justo e imparcial.
Rodríguez Aguiló señaló que las restricciones no buscan impedir la transmisión del juicio en su fondo, una vez seleccionado el jurado.
Los promotores también plantearon preocupaciones por la protección de víctimas, testigos y funcionarios judiciales.
Debate por los casos de corrupción
Durante la consideración del Proyecto de la Cámara 1211, el representante Héctor Ferrer Santiago propuso excluir de las restricciones los procedimientos relacionados con delitos de corrupción.
Su planteamiento respondía a la necesidad de mantener el escrutinio público sobre actuaciones judiciales relacionadas con el uso indebido de fondos o cargos gubernamentales.
La enmienda fue derrotada. El proyecto principal obtuvo 44 votos a favor y ocho en contra, según la información divulgada sobre la sesión legislativa.
El debate también reflejó diferencias entre legisladores que consideran necesaria una limitación uniforme y aquellos que entienden que determinados procedimientos requieren mayor transparencia.
Organizaciones de prensa expresan reparos
Durante las vistas públicas, representantes de organizaciones periodísticas cuestionaron el alcance de la legislación.
Señalaron que el Reglamento del Programa de Cobertura Electrónica y Difusión de Procesos Judiciales, conocido como PROCEDI, ya contempla mecanismos para autorizar, restringir o suspender la cobertura audiovisual de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
También expresaron preocupación por la amplitud de disposiciones relacionadas con publicaciones realizadas por cualquier medio y su posible efecto sobre la cobertura informativa.
Los defensores de los proyectos respondieron que las medidas no buscan impedir la presencia de periodistas en los tribunales.
¿Qué falta para convertirse en ley?
La aprobación en la Cámara no significa que las restricciones hayan entrado en vigor.
Ambas piezas legislativas deben superar el trámite correspondiente en el Senado. De aprobarse finalmente, también estarían sujetas al proceso ejecutivo aplicable antes de convertirse en ley.
El debate coloca nuevamente sobre la mesa cómo conciliar la publicidad de los procedimientos judiciales, la labor periodística y los derechos constitucionales de las personas acusadas.
Fuentes: El Nuevo Día, Primera Hora y CyberNews/Metro Puerto Rico, publicaciones del 15 y 16 de octubre de 2026.