La acción judicial presentada en Aguadilla incluye señalamientos de hostigamiento laboral, discrimen por orientación sexual y afiliación política, despido y presunto incumplimiento de acomodos razonables.

SAN SEBASTIÁN, PUERTO RICO — 19 de octubre de 2026. Tres miembros y exmiembros de la Policía Municipal de San Sebastián presentaron una demanda civil contra el municipio y el alcalde Eladio J. Cardona Quiles, conocido como Layito, por supuestos actos de discrimen, represalias, hostigamiento laboral y violaciones de derechos civiles.

El recurso judicial fue presentado el 12 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, bajo el número de caso SS2026CV00820.

Los demandantes son Carlos José Soto Rodríguez, José F. Valentín Ruiz y William F. González Ríos, quienes reclaman compensaciones económicas estimadas en $748,000, además de otros remedios judiciales.

Los tres sostienen que enfrentaron situaciones de persecución laboral por parte de superiores y que la administración municipal no intervino adecuadamente después de recibir sus denuncias.

Las acusaciones forman parte de un procedimiento civil y todavía no constituyen determinaciones de responsabilidad por parte del tribunal.

Alegaciones de discrimen por orientación sexual

Carlos José Soto Rodríguez sostiene que fue sometido a expresiones ofensivas y a un trato laboral discriminatorio relacionado con su orientación sexual.

Según la demanda, las situaciones denunciadas incluyeron diferencias en la asignación de vehículos oficiales y oportunidades para trabajar horas extras.

El agente alega que, después de presentar una querella formal en julio de 2025, fue separado temporalmente de sus funciones durante aproximadamente dos meses.

También afirma que perdió tiempo compensatorio acumulado y que posteriormente le retiraron una motocicleta oficial que utilizaba para desempeñar sus responsabilidades.

Soto Rodríguez considera esas actuaciones parte de un patrón de represalias posterior a sus denuncias internas.

Corresponderá al tribunal evaluar si las decisiones administrativas respondieron a razones legítimas o si estuvieron relacionadas con el discrimen y las represalias alegadas.

Exsargento denuncia despido por motivos políticos

José F. Valentín Ruiz, quien ocupó funciones de sargento municipal, alega que su separación del empleo estuvo motivada por razones político-partidistas y por denuncias que había realizado sobre actuaciones de sus superiores.

De acuerdo con la demanda, Valentín Ruiz es militante del Partido Nuevo Progresista (PNP) y había colaborado con Bryan Esteves.

El exsargento vincula su separación laboral con la elección de Esteves como presidente municipal de esa colectividad.

Su reclamación plantea que el vencimiento de su contrato fue utilizado como justificación para terminar la relación de empleo.

Valentín Ruiz solicita que se ordene su reinstalación y que se le compensen los salarios y beneficios que asegura haber dejado de recibir.

El tribunal tendrá que determinar la naturaleza de su vínculo contractual, las circunstancias de su separación y si existen fundamentos para los remedios solicitados.

Policía con casi 28 años de servicio reclama acomodos razonables

El tercer demandante, William F. González Ríos, señala un supuesto incumplimiento de acomodos razonables asociados con condiciones de salud y creencias religiosas.

Según el documento judicial, González Ríos acumula casi 28 años de servicio y contaba desde 2011 con determinadas restricciones laborales.

El agente alega que fue asignado repetidamente a turnos incompatibles con sus necesidades y a labores bajo exposición solar que, según sostiene, podían afectar su salud.

También denuncia haber sido excluido de oportunidades de ascenso mientras otros agentes con menos años de servicio eran considerados para determinadas posiciones.

Su reclamación solicita que el municipio respete los acomodos y restricciones laborales que describe en el recurso judicial.

Señalamientos contra la administración municipal

La demanda atribuye responsabilidad al alcalde Cardona Quiles por presuntamente conocer las situaciones denunciadas sin adoptar medidas suficientes para corregirlas.

Los demandantes sostienen que notificaron las irregularidades a la administración, pero que las prácticas continuaron.

Es importante distinguir que la demanda no equivale a una determinación judicial de que el alcalde haya cometido personalmente cada uno de los actos alegados.

La responsabilidad individual del funcionario y la posible responsabilidad institucional del municipio deberán ser examinadas mediante la prueba documental, los testimonios y los argumentos legales de las partes.

Las compensaciones y remedios solicitados

Los $748,000 mencionados en la acción civil corresponden a una estimación de las reclamaciones económicas presentadas por los demandantes.

La cantidad no representa una indemnización concedida ni una deuda judicialmente establecida contra el municipio.

Además de las compensaciones por alegados daños físicos, emocionales y pérdidas económicas, el recurso solicita la reinstalación de Valentín Ruiz, el cumplimiento de los acomodos razonables reclamados por González Ríos y medidas destinadas a impedir futuras represalias.

También se reclaman otros remedios, costas y honorarios que podrían alterar el monto económico del caso.

Pendiente la posición oficial del municipio

Hasta los informes periodísticos consultados este lunes, no se había incluido una respuesta del municipio de San Sebastián o del alcalde Cardona Quiles a los señalamientos.

La controversia deberá continuar ante el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, donde las partes tendrán oportunidad de presentar sus argumentos y evidencia.

El caso también coloca bajo examen la administración de personal de la Policía Municipal y sus procedimientos para atender denuncias internas, acomodos laborales y reclamaciones de discrimen.

Por ahora, las imputaciones permanecen en el terreno de las alegaciones y será el tribunal quien determine si se produjeron las violaciones reclamadas.

Fuentes: Información sobre la demanda civil SS2026CV00820 divulgada por ¡Ey! Boricua, TeleOnce, Semanario Visión y CyberNews.