El Proyecto del Senado 1565 contempla crear un comité de cinco integrantes que analizaría las consecuencias fiscales, contributivas y económicas de la estadidad, la independencia y el Estado Libre Asociado, con especial atención a una posible transición hacia la estadidad.
El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, presentó una medida legislativa que busca establecer un organismo encargado de estudiar las consecuencias económicas, fiscales y contributivas de las distintas alternativas de estatus político de la isla. La propuesta contempla una asignación de $1 millón anual para financiar sus operaciones y desarrollar investigaciones que podrían utilizarse en futuras decisiones gubernamentales.
Se trata del Proyecto del Senado 1565, radicado el 16 de octubre de 2026, que propone establecer la Ley de Estudios Sistemáticos para la Transición, Análisis, Desarrollo y Organización hacia la Estadidad.
La iniciativa surge en momentos en que la gobernadora Jenniffer González Colón impulsa nuevas gestiones para solicitar al gobierno federal la admisión de Puerto Rico como estado de Estados Unidos.
Aunque la legislación contempla comparar las alternativas de estadidad, independencia y Estado Libre Asociado, el texto establece una atención particular a los cambios necesarios para preparar a Puerto Rico ante una eventual transición hacia la estadidad.
Un comité de cinco integrantes con presupuesto propio
La medida propone crear el Comité de Estudios y Planificación para la Transición hacia la Estadidad, un organismo de carácter asesor e investigativo que tendría autonomía de criterio para desarrollar sus evaluaciones.
El comité estaría integrado por cinco miembros nombrados por la gobernadora, con el consejo y consentimiento de ambas cámaras legislativas.
Los nombramientos iniciales serían escalonados por términos de tres, cuatro, cinco, seis y siete años. Posteriormente, las designaciones serían por periodos de cinco años.
Los integrantes no recibirían salarios ni dietas por sus funciones, aunque podrían obtener reembolsos por gastos previamente autorizados.
La legislación contempla una asignación presupuestaria anual de $1 millón y permite recibir donativos, incluso de entidades públicas. Además, el organismo tendría acceso a instalaciones en el Capitolio y apoyo administrativo de la Asamblea Legislativa.
La propuesta también incluye disposiciones dirigidas a impedir que la Junta de Supervisión Fiscal restrinja las labores del comité, aunque el alcance efectivo de esa disposición dependería de su compatibilidad con el marco legal federal vigente.
¿Qué aspectos económicos se estudiarían?
Uno de los componentes principales del proyecto consiste en determinar cómo cambiarían las finanzas públicas y la economía de Puerto Rico bajo cada alternativa de estatus.
Las investigaciones abarcarían los efectos sobre las contribuciones de individuos y corporaciones, los recaudos gubernamentales, los programas federales y las obligaciones fiscales.
Entre las áreas que examinaría el comité se encuentran:
- Contribuciones: Posibles cambios en impuestos federales y locales, créditos contributivos y obligaciones de individuos y empresas.
- Programas federales: Impacto sobre servicios de salud, asistencia nutricional, educación, vivienda y beneficios para veteranos.
- Economía: Consecuencias para la inversión, el empleo, el desarrollo empresarial y los municipios.
- Finanzas públicas: Cambios en los ingresos del Fondo General, transferencias federales y gastos gubernamentales.
- Familias: Efectos sobre el ingreso disponible, el costo de vida, la pobreza y la participación laboral.
El estudio también tendría que considerar los requisitos de pareo de fondos federales y las posibles modificaciones en los criterios de elegibilidad para distintos programas.
Estas evaluaciones buscarían establecer escenarios comparativos, pero sus resultados dependerían de las condiciones legales y económicas que se utilicen para proyectar cada alternativa.
Un informe en el plazo de un año
El Proyecto del Senado 1565 establece que el comité tendría un máximo de un año, contado desde su constitución, para preparar, aprobar y publicar su primer informe integral.
El documento se denominaría Informe sobre el Impacto Económico, Fiscal y Contributivo de las Alternativas de Status de Puerto Rico.
Sus conclusiones podrían utilizarse para formular recomendaciones sobre reformas gubernamentales, cambios contributivos, legislación y propuestas de política pública.
El informe sería remitido a funcionarios del gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos, incluyendo a la gobernadora, los presidentes legislativos, el comisionado residente, el presidente estadounidense y líderes del Congreso.
Sin embargo, las recomendaciones no tendrían carácter vinculante. Cualquier cambio de política pública requeriría las acciones legislativas, administrativas o federales correspondientes.
El debate sobre el costo y el alcance del estudio
La asignación de $1 millón anual representa uno de los elementos de mayor interés público de la propuesta.
Aunque el primer informe tendría que completarse dentro de un año, el proyecto contempla una estructura institucional cuyos integrantes podrían permanecer en funciones durante varios años.
Esto significa que el costo del organismo podría extenderse más allá de la preparación de su primera investigación, dependiendo de su funcionamiento, las asignaciones futuras y las disposiciones que finalmente sean aprobadas.
Otro aspecto relevante es el enfoque del estudio. Si bien la propuesta incluye la comparación de las alternativas de estatus, su denominación y varios de sus objetivos están dirigidos expresamente a preparar una eventual transición hacia la estadidad.
Esa orientación plantea la importancia de examinar qué metodología utilizaría el comité para garantizar comparaciones rigurosas entre las alternativas, especialmente al evaluar asuntos tan complejos como la tributación federal, los programas sociales y las proyecciones económicas.
Por el momento, no se ha presentado un informe que determine cuánto ganarían o perderían las familias, las empresas o el gobierno de Puerto Rico bajo cada escenario.
La propuesta coincide con nuevas gestiones a favor de la estadidad
La iniciativa legislativa coincide con los esfuerzos de la administración de Jenniffer González Colón para promover la admisión de Puerto Rico como estado.
La gobernadora presentó una resolución solicitando al gobierno de Estados Unidos que considere la admisión de la isla a la Unión, documento que contó con la firma de los presidentes de ambas cámaras legislativas.
El proyecto de Rivera Schatz añadiría un componente de análisis económico a esas gestiones, mediante la preparación de estudios que podrían presentarse ante funcionarios federales.
No obstante, la creación del comité no modificaría por sí misma el estatus político de Puerto Rico.
La admisión como estado requeriría una decisión del Congreso de Estados Unidos, independientemente de las conclusiones que produzca el organismo propuesto.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
Según el registro oficial del Senado, el Proyecto del Senado 1565 fue referido a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.
La medida deberá atravesar el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
Al 21 de octubre de 2026, no se ha confirmado su aprobación final ni la creación del comité.
De avanzar, la propuesta abriría una nueva etapa de estudios gubernamentales sobre las consecuencias económicas del estatus político, en un momento en que Puerto Rico enfrenta debates sobre sus finanzas públicas, el acceso a fondos federales y las perspectivas de desarrollo económico.
El asunto central será determinar si la inversión pública propuesta produce información técnica útil para comparar las alternativas de estatus o si sus conclusiones quedan condicionadas por el enfoque político establecido en la legislación.