El Gobierno griego inició una operación contra centros de culto que funcionan sin autorización, respaldada por una legislación que permite cerrar instalaciones y retirar permisos de residencia a determinados responsables extranjeros. Sin embargo, la afirmación viral de que el país ordenó cerrar exactamente 60 mezquitas no refleja con precisión las medidas confirmadas.
ATENAS, GRECIA — Las autoridades de Grecia han intensificado los controles sobre mezquitas y centros de oración que operan sin los permisos exigidos por la legislación nacional. La iniciativa, anunciada en febrero de 2026 por el ministro de Migración y Asilo, Thanos Plevris, contempla el cierre de establecimientos no autorizados y procedimientos de deportación contra ciudadanos extranjeros responsables de su funcionamiento ilegal.
La operación ha generado controversia dentro y fuera de Grecia, especialmente después de que publicaciones en redes sociales afirmaran que el Gobierno había ordenado el cierre de 60 mezquitas como parte de una ofensiva contra el islam.
Aunque existe una campaña gubernamental de inspección y cierre de instalaciones religiosas irregulares, no hay evidencia de una orden oficial que establezca el cierre de exactamente 60 mezquitas en todo el territorio griego.
La cifra procede de estimaciones sobre centros de culto sin licencia en Atenas y la región de Ática, donde las autoridades iniciaron las inspecciones.
El origen de las medidas: una mezquita ilegal en Atenas
La operación adquirió notoriedad el 2 de febrero de 2026, cuando las autoridades griegas anunciaron la revocación del permiso de residencia de un ciudadano de Bangladesh acusado de administrar una mezquita sin autorización en el sector de Agios Nikolaos, en Atenas.
La intervención policial comenzó después de una denuncia sobre las actividades desarrolladas en el establecimiento.
Los agentes localizaron el espacio religioso, procedieron a clausurarlo y remitieron el caso a las autoridades judiciales. Según la prensa griega, el ciudadano fue condenado a una pena de prisión por operar un lugar de culto sin autorización.
Posteriormente, el Ministerio de Migración y Asilo inició los procedimientos para retirarle su condición de residente legal y ordenar su expulsión del país.
La actuación se convirtió en uno de los primeros ejemplos de aplicación de una disposición aprobada en 2025 que añade consecuencias migratorias a las sanciones penales y administrativas por operar establecimientos religiosos ilegales.
El ministro Plevris anunció entonces que la política se extendería a otros espacios que incumplieran la legislación.
Nuevos cierres y detenciones durante febrero
El 25 de febrero, la Policía griega confirmó el cierre de otro establecimiento religioso sin licencia en el barrio ateniense de Agios Panteleimonas, situado en la intersección de las calles Fylis y Folegandrou.
Durante el procedimiento fueron detenidos cuatro administradores del local.
Las autoridades iniciaron actuaciones para revocar sus permisos de residencia y tramitar órdenes de deportación, de acuerdo con la información publicada por el periódico griego Kathimerini.
La intervención se produjo después del cierre de otro espacio de oración no autorizado, mientras las autoridades ampliaban las inspecciones en diferentes sectores de Atenas.
Estos acontecimientos confirmaron que el Gobierno había comenzado a ejecutar la política anunciada semanas antes. No obstante, la apertura de un procedimiento de deportación no demuestra por sí sola que la expulsión del país ya se haya efectuado.
¿De dónde surge la cifra de 60 mezquitas?
El 26 de febrero de 2026, Kathimerini informó que las autoridades estaban examinando aproximadamente 60 establecimientos religiosos en la región de Ática para determinar si operaban fuera del marco legal.
El periódico indicó que alrededor de 20 centros habían sido identificados como candidatos para cierre.
Posteriormente, el 4 de marzo, el medio griego Proto Thema publicó estimaciones que situaban entre 60 y 80 los espacios musulmanes de oración que podrían funcionar sin autorización en esa región.
Estas cantidades describían establecimientos bajo investigación o estimaciones de locales no autorizados, pero no representaban un balance de cierres ejecutados.
La diferencia es fundamental: identificar 60 posibles instalaciones irregulares no significa que las 60 hayan sido clausuradas.
Los verificadores portugueses Polígrafo y Observador también analizaron publicaciones virales que presentaban la cifra como una decisión oficial del Gobierno y concluyeron que el mensaje resultaba engañoso.
Hasta el 22 de octubre de 2026, la información consultada no permite confirmar que se hayan completado 60 cierres ni establecer un balance oficial actualizado de todas las instalaciones clausuradas.
Qué establece la legislación griega
El fundamento jurídico utilizado por las autoridades es el artículo 28 de la Ley 5224/2025, que regula el cierre de lugares de culto sin autorización y establece sanciones contra las personas responsables de su funcionamiento irregular.
La disposición contempla tres consecuencias principales.
Cierre administrativo: las autoridades policiales pueden clausurar y sellar establecimientos religiosos que funcionen sin la autorización del Ministerio de Educación, Asuntos Religiosos y Deportes.
Sanciones penales y económicas: las personas responsables de poseer, establecer u operar estos centros sin permiso pueden enfrentar penas de prisión de dos a seis meses, además de multas administrativas.
Consecuencias migratorias: cuando los responsables son ciudadanos extranjeros, la legislación contempla procedimientos de expulsión administrativa. Para determinados ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea, también establece la revocación del permiso de residencia o el rechazo de una solicitud pendiente, sin conceder un plazo de salida voluntaria.
La normativa no establece una deportación general de musulmanes por practicar su religión. Sus disposiciones se dirigen a personas responsables de operar lugares de culto de manera irregular.
El régimen jurídico sobre autorizaciones religiosas no se limita exclusivamente al islam, aunque la Iglesia ortodoxa griega tiene disposiciones particulares dentro del marco legal del país.
El debate sobre la libertad religiosa
La política del Gobierno ha provocado cuestionamientos entre representantes de comunidades musulmanas y defensores de los derechos religiosos.
Uno de los principales argumentos es que las restricciones administrativas pueden afectar a comunidades que utilizan apartamentos, sótanos y locales comerciales como espacios de oración ante la limitada disponibilidad de instalaciones formalmente autorizadas.
Naim Elghandour, presidente de la Asociación Musulmana de Grecia, expresó a Religion News Service su preocupación por las consecuencias de la campaña gubernamental.
El representante cuestionó que residentes extranjeros que trabajan y pagan impuestos en Grecia puedan enfrentar consecuencias migratorias relacionadas con el funcionamiento de los espacios donde sus comunidades practican la religión.
También advirtió que el cierre de establecimientos podría provocar que algunos grupos trasladaran sus reuniones de oración a plazas y otros espacios públicos.
Desde la perspectiva gubernamental, la política responde al cumplimiento de los requisitos legales sobre autorización, funcionamiento y supervisión de instalaciones religiosas.
El debate enfrenta dos asuntos distintos: la facultad del Estado para regular establecimientos abiertos al público y la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de la libertad religiosa.
La disponibilidad de mezquitas autorizadas en Atenas
La controversia también está relacionada con la infraestructura religiosa disponible para la comunidad musulmana.
Durante décadas, Atenas careció de una mezquita oficial construida y administrada bajo el modelo aprobado por el Estado griego.
La situación comenzó a cambiar en 2020 con la apertura de la mezquita de Votanikos, concebida para atender las necesidades de la población musulmana de la capital.
Sin embargo, representantes religiosos han señalado que una instalación de esa naturaleza no resulta suficiente para cubrir las necesidades de todos los creyentes del área metropolitana.
Según datos publicados por Proto Thema el 4 de marzo de 2026, las autoridades habían autorizado 13 espacios adicionales de culto musulmán: 12 en Ática y uno en Tebas, aparte de la mezquita oficial de Votanikos.
La existencia de estos lugares autorizados demuestra que el culto musulmán es legal en Grecia. La controversia se concentra en las condiciones para establecer y administrar otros espacios religiosos.
Una política migratoria cada vez más estricta
La operación se desarrolla en un contexto político marcado por el endurecimiento de las medidas migratorias impulsadas por el Gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis.
Plevris ha defendido una postura estricta sobre el cumplimiento de las leyes de inmigración y residencia.
La relación entre la regulación religiosa y las consecuencias migratorias representa uno de los elementos más controvertidos de la política.
Mientras el Gobierno sostiene que los establecimientos deben cumplir con los procedimientos de autorización, representantes de comunidades musulmanas cuestionan si la pérdida del permiso de residencia constituye una consecuencia proporcionada para determinadas infracciones administrativas o penales relacionadas con los lugares de culto.
La aplicación de estas disposiciones también plantea interrogantes sobre el acceso a recursos legales, los derechos de los residentes extranjeros y la protección de la libertad religiosa.
Qué es verdadero y qué no está confirmado
La información verificada permite establecer que Grecia sí inició una campaña de inspecciones contra lugares de culto no autorizados, que se produjeron cierres concretos en Atenas y que existe una ley que contempla consecuencias migratorias para determinados responsables extranjeros.
También está documentado que las autoridades examinaron aproximadamente 60 posibles establecimientos irregulares en Ática y que, durante las primeras inspecciones, identificaron alrededor de 20 como candidatos a cierre.
Lo que no está demostrado es que el Gobierno haya anunciado una orden específica para clausurar exactamente 60 mezquitas en todo el país o que esa cantidad haya sido efectivamente cerrada.
Tampoco existe fundamento para interpretar estas medidas como una prohibición general de practicar el islam en Grecia.
Conclusión
La campaña contra centros religiosos sin autorización representa un endurecimiento de la aplicación de las normas migratorias y de funcionamiento de los lugares de culto en Grecia.
Las disposiciones permiten al Estado combinar sanciones administrativas y penales con medidas que pueden afectar la residencia legal de ciudadanos extranjeros responsables de instalaciones irregulares.
Sin embargo, la cifra de 60 mezquitas que circula en redes sociales corresponde a estimaciones de establecimientos investigados, no a un cierre masivo confirmado.
El alcance final de la operación dependerá de las inspecciones, las decisiones administrativas y judiciales y la aplicación de la legislación vigente.
El caso refleja una discusión más amplia en Europa sobre cómo compatibilizar las políticas de inmigración, el cumplimiento de la ley y las garantías de libertad religiosa.
Fuentes consultadas: Ministerio de Educación, Asuntos Religiosos y Deportes de Grecia (Ley 5224/2025); Kathimerini (25 y 26 de febrero de 2026); Proto Thema (2 de febrero y 4 de marzo de 2026); Religion News Service (24 de febrero de 2026); Polígrafo (25 de febrero de 2026) y Observador (12 de marzo de 2026).
Islántico | Internacional | 22 de octubre de 2026