Una investigación periodística reveló que la agencia adjudicó un contrato a una entidad vinculada a la Fundación SAMU seis meses después de que la secretaria visitara sus instalaciones en España. La coincidencia entre el viaje y una convocatoria pública, junto con interrogantes sobre el uso de los fondos, añade presión sobre la funcionaria.
SAN JUAN, PUERTO RICO — 15 de octubre de 2026. La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, enfrenta nuevos cuestionamientos sobre los procedimientos de contratación de la agencia luego de revelarse que un viaje oficial a España, realizado en septiembre de 2025, precedió a la firma de un contrato gubernamental por $355,646.50 con SAMU Foundation Corp.
Según una investigación publicada este jueves por la periodista Dennise Pérez en Prensa Abierta, las autoridades federales han realizado preguntas y requerimientos de información relacionados con asuntos que involucran a la funcionaria.
El reportaje identifica una secuencia de acontecimientos que incluye reuniones institucionales, un acuerdo de colaboración, una convocatoria pública para recibir propuestas y, finalmente, la adjudicación de un contrato seis meses después.
Aunque el Departamento de la Familia rechaza que exista una relación irregular entre estos acontecimientos, persisten interrogantes sobre el proceso competitivo, la selección de la entidad y los resultados del programa financiado con fondos públicos.
El viaje a España y la relación con Fundación SAMU
La relación entre el Departamento de la Familia y la Fundación SAMU comenzó durante el primer semestre de 2025, cuando representantes de la organización española solicitaron reunirse con funcionarios de la agencia para presentar sus servicios y explorar posibles acuerdos de colaboración.
La Fundación SAMU es una organización sin fines de lucro con sede en España dedicada a la intervención social, asistencia humanitaria, atención a personas vulnerables y prestación de servicios especializados.
En septiembre de 2025, Roig viajó a España para conocer las instalaciones y los modelos de atención de la entidad.
La visita fue documentada públicamente por el propio Departamento de la Familia.
El 17 de septiembre, la agencia informó sobre una visita a la Escuela SAMU, ubicada en Gelves, Sevilla, un centro dedicado a la formación profesional en salud, emergencias y asistencia social.
Al día siguiente, el Departamento divulgó información sobre otras visitas, entre ellas el hogar residencial El Olivar, que atiende menores bajo custodia gubernamental, y la Unidad de Estancia Diurna de San Lucas, dedicada a personas con discapacidades y otras condiciones que requieren atención especializada.
Durante el recorrido también se visitaron instalaciones de SAMU Wellness y la Residencia Santa Ana.
Como parte de las gestiones, Roig suscribió un acuerdo de colaboración institucional que, según el Departamento de la Familia, no representaba una obligación económica para el Gobierno de Puerto Rico.
El acuerdo contemplaba iniciativas para fortalecer los servicios dirigidos a poblaciones vulnerables, incluyendo atención psicosocial, capacitación y colaboración comunitaria.
La convocatoria que coincidió con el viaje
Uno de los aspectos que más interrogantes genera es la fecha en que el Departamento de la Familia publicó una convocatoria para recibir propuestas.
El aviso fue emitido el 18 de septiembre de 2025, mientras Roig todavía se encontraba visitando instalaciones de la Fundación SAMU en España.
La coincidencia temporal adquiere relevancia porque, seis meses después, la agencia formalizó un contrato con SAMU Foundation Corp., entidad vinculada a la organización española.
De acuerdo con el reportaje, el contrato identificado con el número 2026-000177 fue firmado el 17 de marzo de 2026.
La investigación señala que no se ha precisado públicamente cuántas organizaciones participaron en la convocatoria, quiénes integraron el comité evaluador o cuáles fueron los criterios específicos que determinaron la adjudicación.
Estos elementos son importantes para establecer si el proceso permitió una competencia efectiva entre las organizaciones interesadas.
Sin embargo, la coincidencia entre la fecha del viaje y la convocatoria no constituye, por sí sola, evidencia de favoritismo o de una violación de las normas de contratación pública.
¿En qué consistía el contrato de $355,646?
El acuerdo con SAMU Foundation Corp. estaba dirigido al desarrollo de un programa de mentoría para jóvenes de entre 18 y 35 años que se encontraban en procesos de transición hacia la vida adulta.
El programa contemplaba varios servicios, entre ellos:
- Mentoría y acompañamiento individual.
- Capacitación para fortalecer destrezas personales.
- Servicios de apoyo psicosocial.
- Coordinación de recursos comunitarios.
- Orientación y herramientas para facilitar la transición hacia una vida independiente.
La vigencia contractual se extendía hasta el 30 de junio de 2026.
Entre las partidas presupuestarias identificadas en el contrato figura una asignación de $33,315 destinada a la celebración de un congreso, además de fondos para gastos de personal, adiestramiento y administración.
No obstante, el reportaje indica que la documentación examinada no permitió determinar cuánto dinero fue finalmente desembolsado ni cuántos jóvenes recibieron servicios.
Tampoco se han divulgado resultados verificables que permitan evaluar el cumplimiento de las metas del programa.
Esta falta de información pública sobre la ejecución contractual impide establecer, por el momento, si la totalidad de los servicios previstos se completó y qué beneficios concretos produjo la inversión gubernamental.
Suzanne Roig rechaza que exista una conexión irregular
Ante los cuestionamientos, la secretaria del Departamento de la Familia defendió la naturaleza institucional del viaje y rechazó que la coincidencia de fechas implique alguna relación entre la visita y el proceso de contratación.
En declaraciones escritas ofrecidas a Prensa Abierta, la funcionaria aseguró:
“La coincidencia de ambas fechas no implica relación alguna entre los procesos”.
Roig explicó que la agencia cuenta con distintas administraciones y estructuras operacionales capaces de continuar sus responsabilidades independientemente de las actividades oficiales de la secretaria.
También sostuvo que debe distinguirse entre la firma de un acuerdo de colaboración institucional y un procedimiento competitivo para contratar servicios.
Según su explicación, la visita a España respondió a una invitación de la fundación para conocer sus métodos de intervención social, sus mecanismos de financiamiento y sus prácticas administrativas.
La funcionaria aseguró que estas experiencias permitieron identificar oportunidades para mejorar la atención de casos hospitalarios, agilizar referidos y fortalecer la respuesta ante situaciones de emergencia.
No obstante, según el reportaje, el expediente contractual examinado no identificó protocolos específicos implementados como consecuencia de aquella visita ni indicadores para medir los beneficios atribuidos al intercambio institucional.
Una colaboración que comenzó antes del viaje
La relación de SAMU con programas dirigidos a poblaciones vulnerables en Puerto Rico no comenzó durante la visita de septiembre.
La investigación de Prensa Abierta señala que, desde junio de 2025, la organización participaba como colaboradora de TRUC+, una iniciativa enfocada en servicios de atención psicosocial para menores y familias afectadas por experiencias traumáticas.
El proyecto había sido anunciado con una asignación aproximada de $3.8 millones en fondos federales.
Roig sostuvo que la participación de SAMU en esa iniciativa correspondía a una colaboración independiente y que no guardaba relación con el acuerdo institucional posteriormente establecido.
La existencia de contactos previos confirma que las relaciones entre la agencia y la organización ya estaban en desarrollo antes del viaje. Sin embargo, por sí sola, esa colaboración anterior tampoco demuestra irregularidades en la contratación de marzo de 2026.
La controversia ocurre en medio de la investigación sobre NOLA Education
El nuevo señalamiento surge cuando Roig enfrenta cuestionamientos relacionados con otra propuesta contractual, esta vez por aproximadamente $38.5 millones, para implementar el programa educativo Star Academy de NOLA Education LLC.
En ese caso, funcionarios del Departamento de la Familia viajaron a Luisiana en diciembre de 2025 para conocer el modelo educativo.
Posteriormente, la agencia inició un proceso para recibir propuestas.
Según información presentada durante las vistas públicas del Senado, NOLA Education fue recomendada para el proyecto cuando llevaba apenas 36 días incorporada en Puerto Rico.
La controversia adquirió mayor dimensión luego de que la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, declarara bajo juramento que recibió presiones para firmar el acuerdo.
El proyecto utilizaría fondos del programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, conocido como TANF.
Roig ha negado las acusaciones y sostiene que el proceso nunca culminó en un contrato formal ejecutado.
La propuesta fue cancelada en mayo de 2026 y, según la agencia, no produjo desembolsos.
El 7 de octubre, ambas funcionarias comparecieron ante una comisión del Senado y ofrecieron versiones diferentes sobre el desarrollo del proceso.
La presidenta de la comisión legislativa, Wanda Soto Tolentino, indicó que la investigación continuaría.
Aunque los casos de SAMU y NOLA Education involucran entidades, programas y procedimientos distintos, ambos han generado cuestionamientos sobre la administración de contratos en el Departamento de la Familia.
¿Qué se conoce de la intervención federal?
Prensa Abierta informó que las autoridades federales mantienen una pesquisa relacionada con asuntos del Departamento de la Familia y que han realizado requerimientos de información relacionados con funcionarios de la agencia.
La exadministradora Blanca Medina Díaz también confirmó que fue entrevistada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en calidad de testigo en torno a las denuncias relacionadas con NOLA Education.
El 8 de octubre, el fiscal federal interino, Héctor Ramírez Carbó, indicó públicamente que no podía confirmar ni descartar los asuntos específicos que pudieran estar bajo investigación.
También reiteró que las autoridades federales investigan cuando encuentran evidencia de posible mal uso de fondos federales.
Hasta el momento, no existe confirmación pública de la Fiscalía federal que identifique específicamente el contrato de SAMU como objeto de una investigación criminal.
Tampoco se ha informado sobre la presentación de cargos criminales contra Roig relacionados con ese contrato.
Por tanto, resulta necesario distinguir entre las investigaciones periodísticas, los procesos de fiscalización y la existencia de acusaciones formales.
Las preguntas que todavía debe aclarar el Departamento de la Familia
La información conocida hasta ahora deja varios asuntos pendientes de documentación pública.
Entre ellos se encuentran la cantidad de propuestas recibidas para el proyecto de mentoría, la identidad de los funcionarios que evaluaron a los participantes, los criterios utilizados para seleccionar a SAMU Foundation Corp. y el origen de los fondos destinados al contrato.
También quedan pendientes detalles sobre los gastos del viaje oficial, los desembolsos realmente efectuados, el uso de la asignación de $33,315 para el congreso y la cantidad de participantes que se beneficiaron de los servicios.
La divulgación de esta información permitiría examinar con mayor precisión la transparencia y efectividad de la contratación.
Transparencia y rendición de cuentas
La controversia coloca nuevamente bajo escrutinio las prácticas de contratación del Departamento de la Familia, una agencia responsable de administrar programas de asistencia social y servicios dirigidos a algunas de las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico.
Los viajes oficiales, las colaboraciones internacionales y los acuerdos con entidades privadas pueden formar parte de las gestiones legítimas de una institución gubernamental.
Sin embargo, cuando esas relaciones culminan en contratos financiados con fondos públicos, resulta fundamental que existan expedientes accesibles que permitan verificar las decisiones administrativas, los procedimientos de competencia y el cumplimiento de los servicios contratados.
En el caso de SAMU, la cronología del viaje y la posterior contratación está documentada, pero todavía falta información para evaluar completamente la adjudicación y sus resultados.
Mientras continúan los cuestionamientos, el Departamento de la Familia enfrenta el reto de demostrar con documentación verificable que sus procesos de contratación respondieron a criterios objetivos, cumplieron con los requisitos aplicables y produjeron beneficios concretos para los ciudadanos.
Fuentes: Investigación de Dennise Pérez para Prensa Abierta, publicada el 15 de octubre de 2026; publicaciones oficiales del Departamento de la Familia de septiembre de 2025; Agencia EFE; comunicados oficiales del Senado de Puerto Rico del 7 de octubre de 2026; declaraciones del fiscal federal interino Héctor Ramírez Carbó, divulgadas el 8 de octubre de 2026.