San Juan, Puerto Rico | 16 de octubre de 2026. — La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, defendió la contratación de SAMU Foundation Corp. por $355,646.50, tras los cuestionamientos relacionados con su viaje oficial a España y la posterior adjudicación del contrato a la organización.
Durante declaraciones ofrecidas desde La Fortaleza, la funcionaria aseguró que el procedimiento fue “limpio” y “natural”, al tiempo que rechazó haber intervenido directamente en la evaluación de propuestas o en la selección de la entidad.
La controversia surgió luego de que el senador Juan Oscar Morales solicitara información sobre el proceso de contratación y las circunstancias que rodearon la visita de Roig Fuertes a España.
Un viaje oficial bajo escrutinio
La visita de la secretaria a España y la contratación de SAMU Foundation Corp. han provocado interrogantes sobre los mecanismos utilizados por el Departamento de la Familia para seleccionar proveedores de servicios.
Roig Fuertes ha defendido el carácter institucional del viaje y sostiene que las gestiones realizadas durante su visita no deben confundirse con los procedimientos administrativos posteriores.
Según su explicación, la evaluación de propuestas corresponde al personal encargado de estos procesos dentro de la agencia y no constituye una decisión tomada directamente por la secretaria.
No obstante, los cuestionamientos legislativos buscan establecer si existió alguna relación entre los contactos institucionales con la organización y la adjudicación del contrato.
¿Para qué se otorgó el contrato?
El acuerdo por $355,646.50 con SAMU Foundation Corp. estaba dirigido a la prestación de servicios relacionados con programas sociales y apoyo a poblaciones vulnerables.
Entre los aspectos que requieren mayor claridad figuran el alcance de los servicios contratados, los mecanismos de supervisión establecidos y los resultados obtenidos mediante la utilización de fondos públicos.
También resulta importante determinar cuánto dinero fue efectivamente desembolsado y cuáles fueron los criterios administrativos utilizados para evaluar las propuestas.
La adjudicación de un contrato gubernamental no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, el acceso a los expedientes correspondientes permitirá examinar la transparencia del procedimiento y el cumplimiento de los requisitos aplicables.
Senado busca información sobre la adjudicación
El senador Juan Oscar Morales ha cuestionado las circunstancias que rodearon el contrato y solicitó explicaciones sobre la relación entre las gestiones oficiales de la secretaria y la selección de SAMU Foundation Corp.
La revisión legislativa busca esclarecer quiénes participaron en el procedimiento, cómo se evaluaron las propuestas y qué documentación respalda la adjudicación.
También se pretende examinar los gastos asociados al viaje y las comunicaciones institucionales relacionadas con la organización.
La información permitiría establecer una cronología documentada de los acontecimientos y determinar si se siguieron los procedimientos administrativos correspondientes.
Roig rechaza intervención personal
Ante los señalamientos, Roig Fuertes insistió en que no participa directamente en la evaluación de propuestas y aseguró que el proceso administrativo se desarrolló de manera regular.
La secretaria sostuvo que las contrataciones responden a procedimientos establecidos y rechazó que la adjudicación estuviera relacionada con una gestión personal.
Sus declaraciones representan la posición oficial de la agencia frente a los cuestionamientos surgidos desde el Senado.
Hasta el momento, los señalamientos públicos no constituyen una determinación de irregularidad administrativa o conducta ilegal.
¿Qué falta por esclarecer?
La controversia continuará dependiendo de la documentación que pueda presentar el Departamento de la Familia y de las conclusiones que surjan de la evaluación legislativa.
Entre los asuntos pendientes se encuentran la identificación de los funcionarios que evaluaron las propuestas, la justificación de la selección y los resultados de los servicios contratados.
El caso también plantea interrogantes sobre los controles de transparencia utilizados cuando una agencia mantiene contactos institucionales con organizaciones que posteriormente participan en procesos de contratación.
Por ahora, Suzanne Roig Fuertes mantiene su defensa del procedimiento, mientras el Senado busca obtener información adicional para examinar la adjudicación del contrato.
Fuentes: TeleOnce y declaraciones públicas de Suzanne Roig Fuertes y del senador Juan Oscar Morales.