Jenniffer González Colón rechazó proyectos relacionados con accesibilidad, seguridad médica y alumbrado público, mientras convirtió en ley dos iniciativas dirigidas a los adultos mayores y la modernización tecnológica del Gobierno.

San Juan, Puerto Rico — 17 de octubre de 2026. La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el veto de cuatro medidas legislativas al señalar deficiencias relacionadas con su financiamiento, implementación y compatibilidad con los mecanismos legales existentes.

Las medidas rechazadas incluyen los proyectos de la Cámara 181 y 279, así como las resoluciones conjuntas de la Cámara 62 y 63.

Según explicó la administración, las iniciativas planteaban objetivos de interés público, pero requerían mayor claridad sobre los recursos necesarios para ejecutarlas y las responsabilidades que asumirían las agencias gubernamentales.

Al mismo tiempo, la gobernadora convirtió en ley dos proyectos dirigidos a fortalecer los derechos de los adultos mayores frente a la brecha tecnológica y agilizar la evaluación de iniciativas tecnológicas gubernamentales financiadas con fondos federales.

Accesibilidad a instalaciones deportivas

El Proyecto de la Cámara 181 buscaba facilitar el acceso de personas con impedimentos a instalaciones deportivas y recreativas mediante requisitos adicionales de registro y divulgación.

La gobernadora señaló que la propuesta imponía nuevas obligaciones administrativas sin identificar los recursos económicos y operacionales necesarios para cumplirlas.

El veto no elimina las obligaciones de accesibilidad ya existentes bajo la legislación aplicable. Su efecto es impedir que las nuevas disposiciones propuestas entren en vigor mediante ese proyecto.

Rechazan medida sobre torniquetes en escuelas y agencias

Otro de los proyectos vetados, el de la Cámara 279, proponía establecer medidas para mejorar la disponibilidad de torniquetes y el adiestramiento para utilizarlos en agencias gubernamentales y escuelas públicas.

Los torniquetes son dispositivos médicos utilizados para controlar hemorragias graves en determinadas emergencias.

La gobernadora argumentó que el proyecto no definía adecuadamente algunos aspectos operacionales y carecía de una asignación suficiente para implantar sus disposiciones.

El Departamento de Salud estimó que desarrollar el registro correspondiente y capacitar al personal supondría un costo aproximado de $150,000.

La decisión no significa que se prohíba la disponibilidad o utilización de torniquetes, sino que la propuesta específica no fue aprobada.

Alumbrado público en Mayagüez y San Germán

Las resoluciones conjuntas 62 y 63 estaban relacionadas con trabajos de alumbrado público en Mayagüez y San Germán.

La administración sostuvo que las intervenciones debían coordinarse conforme a los procedimientos establecidos por la Ley 174 de 2026.

Según el Ejecutivo, realizar estos trabajos sin utilizar los mecanismos existentes podría ocasionar duplicación de esfuerzos, gastos que no fueran reembolsables y posibles riesgos para la utilización de fondos públicos y federales.

Nueva protección para adultos mayores

Entre las medidas aprobadas se encuentra la Ley 208 de 2026, que modifica la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores.

La legislación busca reforzar las garantías de acceso a servicios públicos y privados para personas que no dominan herramientas digitales o que carecen de conexión a internet, teléfonos inteligentes u otros dispositivos.

La iniciativa reconoce las dificultades que puede representar la digitalización de trámites para una población que no necesariamente dispone de los recursos tecnológicos o conocimientos requeridos.

Su aprobación introduce nuevas garantías legales frente a esas barreras, aunque su efectividad dependerá de la implementación de las disposiciones correspondientes.

Plazo para proyectos tecnológicos financiados con fondos federales

La segunda medida aprobada, la Ley 209 de 2026, establece un término de 90 días laborables para revisar, evaluar y aprobar proyectos tecnológicos de agencias gubernamentales financiados completamente con fondos federales.

La intención es reducir los retrasos administrativos que puedan afectar la utilización de esos recursos.

El nuevo plazo constituye un cambio en los procedimientos de evaluación gubernamental, especialmente para iniciativas de modernización tecnológica.

Continúa el debate legislativo

Los cuatro vetos evidencian diferencias entre las prioridades legislativas y los requisitos fiscales y administrativos que la gobernadora considera necesarios para implantar nuevas políticas públicas.

Aunque la aprobación de legislación puede establecer obligaciones para las agencias, su ejecución también depende de recursos presupuestarios, personal y mecanismos de supervisión.

Las medidas rechazadas no entrarán en vigor en su versión actual. La Asamblea Legislativa podría considerar alternativas o seguir los procedimientos constitucionales aplicables a los vetos.

Fuentes: Metro Puerto Rico, 17 de octubre de 2026; comunicaciones de la gobernadora Jenniffer González Colón sobre las medidas legislativas.