Christian Torres entregó documentos y respondió preguntas de investigadores federales sobre el proceso de contratación de $38.5 millones con fondos TANF. Su empresa sostiene que nunca presentó una propuesta para participar en la contratación.
San Juan, Puerto Rico | 19 de octubre de 2026 — El propietario de Coccoloba AgroEnvironmental LLC, Christian W. Torres Santana, compareció este lunes ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS-OIG), como parte de la investigación relacionada con presuntas irregularidades en procesos de contratación de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).
La comparecencia ocurrió en las oficinas federales ubicadas en Hato Rey y se extendió por poco más de dos horas. Torres acudió acompañado de su representante legal, la licenciada Nadja Cardona Portalatín, quien confirmó que su cliente fue citado en calidad de testigo y colaboró con los investigadores.
Durante el encuentro, Torres respondió preguntas y entregó documentación solicitada por las autoridades. Su abogada evitó identificar los documentos específicos y explicó que la conversación estuvo relacionada con información que ya se había divulgado públicamente.
La comparecencia como testigo no significa que Torres haya sido acusado de cometer alguna irregularidad.
¿Por qué aparece Coccoloba en la investigación?
El caso surge de un proceso de contratación del Departamento de la Familia destinado a establecer un programa de apoyo educativo mediante fondos federales del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
La iniciativa contemplaba un contrato de hasta $38.5 millones para implementar el programa Star Academy, ofrecido por NOLA Education LLC, una compañía con sede en Luisiana.
En la evaluación administrativa figuraron tres empresas: NOLA Education, Litoral Vivo Corp. y Coccoloba AgroEnvironmental.
Sin embargo, Coccoloba sostiene que nunca presentó una propuesta formal ni manifestó interés en competir por el contrato.
Según la empresa, recibió una invitación de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, el 30 de diciembre de 2025. Posteriormente, el 8 de enero de 2026, Torres respondió que no participaría porque los servicios solicitados no correspondían a las operaciones de su compañía.
En esa comunicación, la empresa incluyó material informativo sobre sus actividades de consultoría ambiental, manejo de árboles, reforestación y conservación de recursos naturales.
La controversia surgió cuando se conoció que Coccoloba había sido incluida en la evaluación de propuestas pese a su negativa a participar.
Una puntuación de 24.7 % sin propuesta formal
La evaluación fue realizada por la firma privada LAP Consulting Group, contratada por el Departamento de la Familia.
De acuerdo con la documentación reseñada públicamente, Coccoloba recibió una puntuación de 24.7 %, aunque su propietario insiste en que nunca sometió un presupuesto, una propuesta técnica ni un plan de trabajo para el proyecto educativo.
La evaluación contemplaba criterios como experiencia previa, capacidad financiera, credenciales del personal, diseño del programa y compatibilidad con los objetivos de TANF.
La defensa de Torres cuestiona cómo pudo asignarse una calificación bajo esos criterios utilizando solamente un folleto y un perfil corporativo.
Roig Fuertes, por su parte, ha sostenido que la documentación suministrada permitía evaluar a la compañía, aunque aclaró que no había afirmado que Coccoloba presentara una propuesta formal.
La secretaria también ha defendido el proceso administrativo y ha recalcado que el contrato finalmente no se formalizó ni se desembolsaron fondos.
Familia entrega documentos solicitados por Coccoloba
Ante las diferencias sobre la participación de la empresa, su representación legal exigió al Departamento de la Familia los documentos utilizados para incluirla en la evaluación.
Entre la información solicitada figuraban la supuesta propuesta, evidencia de su recepción y los documentos utilizados para asignarle una puntuación.
Inicialmente, la agencia solicitó tiempo adicional para responder.
Según confirmó Cardona Portalatín este lunes, el Departamento de la Familia entregó documentación el jueves 15 de octubre. No obstante, la defensa todavía no había concluido su revisión y no podía establecer si la entrega cumplía completamente con el requerimiento.
La abogada tampoco descartó posibles acciones legales, dependiendo del resultado del análisis documental.
Investigación se extiende a otros funcionarios
El testimonio de Torres se suma a otras comparecencias ante las autoridades federales.
Entre quienes han ofrecido información figura Blanca Medina Díaz, exadministradora de ADSEF, quien denunció públicamente que recibió presiones para dar paso al contrato de NOLA Education.
Medina Díaz sostuvo que existían cuestionamientos sobre el uso permitido de los fondos TANF y el procedimiento seguido para evaluar las propuestas.
Roig Fuertes ha rechazado esas acusaciones.
También compareció ante los investigadores federales Gisela Rodríguez Algarín, quien dirigió la Oficina de Asuntos Legales de ADSEF durante la administración de Medina Díaz.
Además de las autoridades federales, las controversias relacionadas con la contratación son examinadas por el Senado de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General de Puerto Rico.
La pesquisa federal busca esclarecer posibles irregularidades vinculadas a fondos administrados bajo programas del Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense.
¿Qué ocurre ahora?
El proceso investigativo continúa mientras las autoridades examinan documentos, testimonios y las circunstancias que rodearon la selección de NOLA Education.
Entre los asuntos pendientes está determinar cómo se incorporó a Coccoloba a la evaluación administrativa, qué documentación utilizó LAP Consulting Group y si se cumplieron los procedimientos aplicables a contrataciones financiadas con recursos federales.
Por separado, la secretaria de la Familia solicitó 15 días adicionales al Senado para entregar el expediente completo de la evaluación, según informó el senador Juan Óscar Morales el 16 de octubre.
Aunque la adjudicación a NOLA Education fue cancelada en mayo y el contrato nunca se formalizó, las investigaciones continúan para establecer si el proceso administrativo se desarrolló conforme a las normas correspondientes.
Hasta el momento, la comparecencia de Christian Torres ha sido identificada como una diligencia testimonial y no como una acusación penal contra el empresario.
Fuentes informativas: El Nuevo Día (19 de octubre de 2026), Metro Puerto Rico (9, 15 y 16 de octubre de 2026), Primera Hora y declaraciones públicas de las partes involucradas.