La exdirectora regional de Arecibo, Blanca Rosa García Sostre, describe una serie de incidentes ocurridos entre 2025 y 2026, desde amenazas de destitución y comentarios sobre su orientación sexual hasta una presunta agresión física, intervención de su oficina y retención de pagos. La secretaria sostiene que los hechos ya fueron investigados administrativamente.
San Juan, Puerto Rico | 21 de octubre de 2026
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, enfrenta una demanda civil por $1.35 millones presentada por Blanca Rosa García Sostre, exdirectora regional de la agencia en Arecibo, quien la acusa de participar en un supuesto patrón de hostigamiento laboral, maltrato psicológico, represalias, discrimen y actuaciones administrativas que habrían perjudicado su carrera profesional.
El recurso judicial, presentado el martes 20 de octubre ante el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo por el bufete Ayala Cádiz, consta de 14 páginas e incluye como codemandadas a otras tres funcionarias: Lynette Pérez Molinari, Sofía Benítez Rodríguez y Vivian Martínez Ruiz. También se reclama responsabilidad al Estado Libre Asociado y al Departamento de la Familia.
De acuerdo con las alegaciones recogidas en el documento, García Sostre habría experimentado una serie de incidentes entre 2025 y junio de 2026 que terminaron afectando sus funciones, su estabilidad emocional y sus ingresos.
Los hechos descritos constituyen alegaciones que deberán ser evaluadas judicialmente. Su presentación en una demanda no significa que hayan sido probados ni que exista una determinación de responsabilidad contra las personas señaladas.
Los primeros conflictos: insultos y amenazas de destitución
La demanda sostiene que el ambiente laboral comenzó a deteriorarse durante 2025, cuando Roig presuntamente cuestionaba la capacidad profesional de García Sostre y utilizaba expresiones despectivas para referirse a ella.
Entre las palabras que, según la demandante, utilizaba la secretaria figuran los calificativos de “bruta” y “mentirosa”. También denuncia que se le retiraron responsabilidades correspondientes a su posición y que comenzó a ser excluida de actividades oficiales.
Uno de los episodios identificados ocurrió el 14 de mayo de 2025, durante una actividad de un representante legislativo en la región norte.
García Sostre sostiene que, pese a ocupar la dirección regional, Roig le ordenó no participar y delegó la representación institucional en la subdirectora regional, Lynette Pérez Molinari.
Según el recurso, la secretaria posteriormente visitó las oficinas regionales en Arecibo y presuntamente amenazó con destituirla.
Las diferencias continuaron durante junio de 2025.
El 13 de junio, Roig supuestamente realizó llamadas para cuestionar movimientos de personal e interrogar a García Sostre sobre una posible gestión de empleados interesados en presentar una queja ante La Fortaleza.
La demandante asegura que la secretaria hizo referencia a su influencia dentro del Gobierno y a su capacidad para removerla del puesto.
Otro intercambio habría ocurrido el 20 de junio, cuando Roig presuntamente cuestionó una visita de García Sostre al alcalde de Utuado.
La exdirectora interpreta estos acontecimientos como parte de un patrón de intimidación dirigido a debilitar su autoridad dentro de la estructura regional del Departamento de la Familia.
Alegaciones de discrimen por orientación sexual
La demanda también atribuye a Lynette Pérez Molinari, entonces subdirectora regional, una presunta campaña de persecución y difusión de comentarios sobre la vida privada de García Sostre.
Según la exfuncionaria, Pérez Molinari tomaba fotografías suyas sin autorización y presuntamente las compartía con la secretaria.
También le atribuye expresiones relacionadas con su orientación sexual real o percibida, incluyendo comentarios dirigidos a otros empleados para advertirles que debían tener cuidado con ella.
García Sostre sostiene que esas expresiones afectaron su reputación, generaron un ambiente de trabajo hostil y contribuyeron a su aislamiento institucional.
Ante la situación, presentó una querella formal el 1 de julio de 2025 por alegado hostigamiento y persecución.
No obstante, asegura que sus denuncias no recibieron la atención correspondiente y que Roig continuó delegando funciones directivas en Pérez Molinari.
La exdirectora también cuestiona la investigación administrativa realizada por la agencia.
Según su versión, el 29 de enero de 2026 recibió una contestación del nivel central del Departamento en la que se le atribuían a ella conductas de hostigamiento.
La demandante considera que ese proceso fue deficiente porque, según denuncia, no se entrevistó a sus testigos ni se examinó adecuadamente la evidencia que había presentado.
Una presunta suplantación de identidad ante el Tribunal de Utuado
Otro incidente descrito en el pleito ocurrió el 19 de febrero de 2026.
Según la demanda, una persona que se identificó como García Sostre realizó una llamada al Tribunal de Utuado en la que planteó que un abogado del Departamento de la Familia intentaba comunicarse indebidamente con un juez.
La exdirectora niega haber realizado esa llamada.
Al día siguiente, habría recibido una resolución judicial con un apercibimiento relacionado con un posible desacato y arresto.
García Sostre asegura que presentó una querella ante la Policía por presunta suplantación de identidad y solicitó que se investigaran los registros telefónicos para determinar el origen de la comunicación.
También afirma que pidió asistencia a la secretaria Roig y al personal de sistemas del Departamento, sin obtener la respuesta que esperaba.
Posteriormente presentó una moción urgente y una declaración jurada ante el Tribunal de Utuado para negar su participación en la llamada.
El recurso sostiene que el incidente le provocó ansiedad, temor y preocupación por las consecuencias judiciales y profesionales de una comunicación que asegura no haber realizado.
La demanda no establece mediante una determinación judicial quién habría realizado la llamada ni demuestra que alguna de las funcionarias demandadas fuera responsable de una posible suplantación.
Reunión de directores y supuesto menoscabo de su autoridad
El escrito también señala un incidente ocurrido el 18 de marzo de 2026.
García Sostre asegura que Roig convocó a directores locales a una reunión en un restaurante durante la cual presuntamente realizó comentarios negativos sobre su gestión profesional.
La exdirectora sostiene que aquella reunión contribuyó al deterioro de su imagen ante otros funcionarios.
Esta alegación se suma a los señalamientos anteriores sobre la transferencia de responsabilidades a personal subordinado, la exclusión de actividades oficiales y la pérdida de autoridad sobre las operaciones regionales.
Presunta agresión física en las oficinas de Arecibo
Uno de los acontecimientos más graves descritos en el documento ocurrió el 7 de mayo de 2026.
García Sostre denuncia que una empleada identificada como Dorhilmarie Molina Bruno protagonizó un altercado en las instalaciones regionales del Departamento de la Familia.
Según la versión de la demandante, Molina Bruno llegó de manera agresiva, la sujetó por la camisa, le ocasionó un rasguño en el cuello y la amenazó.
También habría utilizado su vehículo para bloquear la salida del automóvil de García Sostre en el estacionamiento.
El recurso menciona la existencia de varios testigos y de una cámara instalada en el vehículo de la exdirectora que, según ella, grabó parte del incidente.
García Sostre asegura que no agredió a Molina Bruno y que fue la parte afectada durante el enfrentamiento.
Sin embargo, denuncia que la información posteriormente transmitida a La Fortaleza presentó una versión diferente.
Según la demanda, personal de la Oficina de la Gobernadora se comunicó con García Sostre luego de recibir información de que ella había provocado el altercado.
La exdirectora atribuye a Roig y a Vivian Martínez Ruiz la divulgación de esa versión, que considera falsa.
El documento no establece que una autoridad judicial haya determinado cuál de las personas involucradas provocó el incidente.
Vacaciones forzadas e intervención de La Fortaleza
El 8 de mayo de 2026, un día después del altercado, García Sostre asegura que recibió instrucciones de acogerse a un período de vacaciones forzadas.
La determinación habría sido comunicada por un funcionario de La Fortaleza identificado como Omar Massa.
Según la demandante, la medida se tomó sin completar una investigación adecuada y a partir de información que considera incorrecta.
La exdirectora plantea que no se le brindó una oportunidad suficiente para defenderse ni se examinaron las pruebas que, según ella, sustentaban su versión del enfrentamiento.
Para García Sostre, la imposición de vacaciones forzadas representó otra actuación de represalia y anticipó su posterior salida de la dirección regional.
Cambio de cerraduras y denuncias sobre documentos oficiales
Durante el período comprendido entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, mientras permanecía fuera de su oficina, García Sostre sostiene que varias funcionarias intervinieron en el espacio que utilizaba como directora regional.
La demanda identifica a Lynette Pérez Molinari y Vivian Martínez Ruiz como participantes de la intervención, presuntamente realizada con la autorización de Roig.
Según el escrito, durante ese proceso se cambiaron las cerraduras, se manipularon o destruyeron documentos oficiales y desaparecieron algunas pertenencias personales.
Entre los objetos mencionados aparecen un reloj de pared y una extensión eléctrica.
La exdirectora asegura que el acceso a su oficina fue restringido mientras todavía entendía que ostentaba su cargo.
Ante estos acontecimientos, presentó otra querella ante la Policía el 18 de mayo.
El recurso atribuye a Sofía Benítez Rodríguez haber coordinado la intervención de la oficina por instrucciones superiores, según lo que la demandante afirma que se comunicó a un agente investigador.
Estas afirmaciones forman parte de la versión presentada en el pleito y no equivalen a una conclusión policial o judicial sobre la desaparición o destrucción de documentos.
La remoción de su puesto
El 19 de mayo de 2026, García Sostre sostiene que recibió una notificación de que había dejado de ocupar la dirección regional de Arecibo.
Según la demanda, Benítez Rodríguez le comunicó la determinación por instrucciones de Roig.
La exfuncionaria denuncia que se le ordenó abandonar las instalaciones acompañada por un guardia de seguridad.
Describe el episodio como humillante, especialmente por haber ocurrido ante empleados y dentro de las dependencias donde había ejercido funciones de supervisión.
La demandante considera que la forma en que se produjo su salida perjudicó su prestigio profesional y completó el proceso de marginación que venía denunciando desde el año anterior.
Denuncia retención de salario y beneficios acumulados
El conflicto no terminó con su salida de la dirección regional, según sostiene García Sostre.
La exfuncionaria alega que el 22 de mayo de 2026 un pago emitido por el Departamento de Hacienda fue retirado de su cuenta bancaria sin una notificación adecuada.
También denuncia la retención de su último cheque salarial y problemas con la transferencia de los balances acumulados de vacaciones y enfermedad a su nueva agencia de trabajo, el Departamento de la Vivienda.
Según el recurso, personal de Recursos Humanos relacionó la retención de pagos con la presunta desaparición de un equipo electrónico, identificado como un router, que se encontraba en su oficina.
García Sostre rechaza que se le pueda atribuir responsabilidad por ese equipo, particularmente porque sostiene que otras personas habían intervenido el espacio durante su ausencia.
La demandante interpreta estas medidas como una continuación de las presuntas represalias laborales.
¿Por qué reclama $1.35 millones?
La demanda solicita compensaciones por angustias mentales, ansiedad, ataques de pánico, afectación de la reputación profesional, humillación, pérdida de ingresos y otros daños económicos y emocionales.
También menciona los gastos asociados con la búsqueda de asistencia psicológica y las consecuencias que, según la demandante, tuvieron los incidentes en su vida profesional y personal.
La cantidad reclamada se distribuye de la siguiente manera:
Parte demandada
Compensación solicitada
Estado Libre Asociado y Departamento de la Familia
$150,000
Suzanne Roig Fuertes
$300,000
Lynette Pérez Molinari
$300,000
Sofía Benítez Rodríguez
$300,000
Vivian Martínez Ruiz
$300,000
Total reclamado
$1,350,000
Estas cantidades representan las indemnizaciones solicitadas por la demandante, no multas impuestas ni compensaciones concedidas.
La acción judicial invoca disposiciones legales relacionadas con el acoso laboral, las represalias, el discrimen y los derechos civiles, incluyendo referencias a la Ley 90-2020, la Ley 115 y la Ley 100 de Puerto Rico.
García Sostre también afirma que intentó acudir a un proceso de mediación relacionado con sus alegaciones de acoso laboral, pero que las partes señaladas no aceptaron participar.
Corresponderá al tribunal determinar la aplicabilidad de las leyes invocadas, evaluar la evidencia y resolver si existe responsabilidad legal.
Suzanne Roig responde a la demanda
Durante la tarde del miércoles 21 de octubre, Suzanne Roig Fuertes reaccionó públicamente al recurso judicial mediante declaraciones escritas.
La secretaria sostuvo que, hasta ese momento, no había sido emplazada oficialmente.
También afirmó que los asuntos relacionados con la controversia habían sido examinados previamente mediante los mecanismos administrativos establecidos en el Departamento de la Familia.
Según Roig, esos procedimientos se realizaron siguiendo los manuales y las disposiciones legales correspondientes.
La titular de Familia adelantó que la demanda será atendida por las vías institucionales y judiciales pertinentes.
Asimismo, señaló que no realizaría comentarios adicionales públicamente mientras el caso estuviera ante la consideración de los tribunales.
Su posición contrasta con la versión presentada por García Sostre, quien precisamente cuestiona la manera en que la agencia investigó sus denuncias originales.
Hasta el momento de esta publicación, no se había identificado una determinación judicial que resolviera las alegaciones de la demanda.
Una controversia separada: la investigación sobre contratos en ADSEF
La demanda presentada por García Sostre coincide con otro proceso de investigación que mantiene bajo escrutinio a la secretaria del Departamento de la Familia.
El 20 de octubre, el Departamento de Justicia confirmó el inicio de una investigación preliminar relacionada con señalamientos formulados por Blanca Medina Díaz, exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).
Medina ha denunciado presuntas presiones para impulsar determinadas contrataciones gubernamentales financiadas con fondos federales.
Entre las controversias examinadas públicamente figura una propuesta contractual relacionada con la empresa NOLA Education y un monto aproximado de $38.5 millones.
Roig ha defendido los procedimientos de la agencia y ha rechazado los señalamientos de irregularidades. Anteriormente indicó que el documento divulgado sobre el contrato era un borrador que no había sido firmado ni adjudicado definitivamente.
La investigación de Justicia surgió después de un referido enviado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a raíz de las denuncias realizadas ante la Legislatura.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó que se notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente el inicio de la pesquisa preliminar, para la cual se dispone de un término de 90 días.
Es importante distinguir ambos procedimientos: la demanda de García Sostre corresponde a un pleito civil por presuntos daños y violaciones de derechos laborales, mientras que la investigación sobre ADSEF examina alegaciones distintas relacionadas con posibles presiones en procesos de contratación pública.
No se ha establecido que los dos asuntos formen parte de un mismo esquema ni que las alegaciones de uno demuestren las del otro.
¿Qué sucederá ahora?
La presentación de la demanda abre un proceso judicial en el que las partes demandadas podrán responder formalmente a los señalamientos.
Durante su trámite, el tribunal podrá considerar documentos administrativos, comunicaciones, declaraciones de testigos y cualquier otra evidencia que sea presentada y admitida conforme a las reglas aplicables.
Entre los asuntos que podrían adquirir importancia figuran las querellas internas, las actuaciones administrativas posteriores al altercado de mayo, las grabaciones mencionadas por García Sostre, las decisiones sobre su puesto y los registros relacionados con los pagos retenidos.
También será relevante establecer cuáles responsabilidades correspondían a cada funcionaria y si las actuaciones denunciadas constituyeron decisiones administrativas legítimas o conductas contrarias a derecho.
Por el momento, el litigio presenta dos posiciones distintas: una exdirectora que denuncia haber sido objeto de persecución institucional y una secretaria que sostiene que los hechos ya fueron examinados mediante procedimientos administrativos.
La decisión final dependerá de la evidencia presentada ante el tribunal y de las defensas de las partes.
La demanda no representa una acusación criminal ni una sentencia contra Suzanne Roig. Es un reclamo civil cuya resolución permanece pendiente.
Fuentes consultadas: El Nuevo Día, NotiCel, Prensa Abierta y TeleOnce, publicaciones del 20 y 21 de octubre de 2026.
Nota editorial: La reconstrucción se basa en los detalles del recurso judicial divulgados por medios de comunicación y en la respuesta pública de la secretaria. No constituye una revisión independiente del expediente judicial completo.